Los gobiernos de los socialistas suelen ser parecidos: no les importa el bienestar del país, sino el poder. Lo acaba de constatar el señor Pedro Sánchez, líder del Psoe, mandatario de España quien, con tal de seguir “mandando”, acaba de venderle el alma al diablo: aliarse con los independentistas catalanes del grupo “Junts per Catalunya” que lidera Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, y otorgarles amnistía a todos sus cómplices a cambio de un puñado de votos para tener mayoría de escaños en la Cámara Baja del Parlamento que aseguren la formación del nuevo cuatrienio para Sánchez.
Y va a ser atronadora la bulla de la centro derecha española, la misma que con el Partido Popular (PP) en cabeza de Alberto Núñez Feijóo, había ganado las elecciones generales pasadas, pero al fin no logró formar gobierno según los preceptos de ese curioso régimen parlamentario que permite que quien gana las elecciones, si no cuenta con mayorías en las cámaras, pierde, como le ocurrió en Israel a la carismática ex canciller Tzipi Livni, partido Kadima, en 2009, que luego del triunfo no pudo sumar fuerzas para formar gobierno y entonces el honor quedó en manos del sempiterno Benjamín Netanyahu, segundo en votos, pero primero en destreza política.
El principal ilícito con el que se enjuicia desde 2017 a Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, y a sus cómplices, no podrían ser más grave: rebelión, catalogado como el primer delito contra la Constitución aunque, repasando su texto, me queda faltando algo para tipificarlo, pues la letra dice (art. 472) que “son reos del delito los que se alzaren violenta y públicamente para … derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o a la Reina … y declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
Obviamente no existió alzamiento violento, pues todo consistió en carga ideológica y mediática, forzando un ilegal referendo para decidir la separación por la vía de la consulta popular, en la que supuestamente ganó el sí, iniciativa que de entrada había proscrito el Tribunal Constitucional, y nos parece política y moralmente perverso pensar en destrozar la soberanía territorial, cercenar parte de ella por el mero capricho personalista de quien quiere ser “cabeza de ratón” o presidente de una “replubliqueta” que presume de ser distinta al conjunto, con idioma, valores y futbolistas diferentes… es como si en nuestra Patria los antioqueños quisieran crear un “País Paisa (y salir volando como el “Águila Descalza”) y decidieran declarar la independencia de Colombia, reeditando la “Patria Boba”.
¿Se imaginan ustedes si acá rigiera un régimen tan “civilizado”? El poder se alternaría por siempre entre personajes como Petro y Roy Barreras, quienes se mueven como peces en las turbias aguas de un parlamento en “empate técnico” repartido entre miembros que poco piensan en las próximas generaciones y mucho en las próximas elecciones, y aquellos quienes piensan lo contrario.
Post-it. Dentro de un régimen conservador o de derecha en Colombia, jamás ocurriría un entuerto así; cabría quizás en un esquema de izquierda, que privilegia la libertad sobre el orden y no tendría inconveniente en “balcanizar” el territorio para repartirlo entre las Farc, el Eln y otros clanes del terror con tal de firmar la “paz total”, pues en el soberano reino de la anarquía todo es posible.