La contratación Estatal debe operar dentro de los principios de Planeación, Transparencia, Economía, Publicidad, Responsabilidad, y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
No obstante, las convocatorias de parte de los organismos oficiales del sector agropecuario, se han vuelto todo un galimatías de condiciones, requisitos y tortuosos procedimientos que dan pie a la desconfianza.
Basta con observar la licitación para la adjudicación de la administración de los recursos de la parafiscalidad de carne y leche, hoy en el limbo, luego de dar muchos tumbos.
Otro ejemplo reciente, es el de la convocatoria para la Asistencia Técnica Gremial ATG, la cual hubiese sido para los gremios la oportunidad más importante de poder acompañar al gobierno en la ejecución de la política sectorial mediante sus propias asociaciones y con el desarrollo de proyectos para pequeños y medianos productores.
Pero a la hora de la verdad, veamos lo que sucedió.
La Agencia para el Desarrollo Rural ADR (antiguo Incoder), sacó la convocatoria el pasado martes 25 de  julio y la cerró ayer 31 del mismo mes, a escasos 5 días hábiles, al parecer, sin la suficiente divulgación entre los gremios y con base en unos pliegos cuyo contenido no fue de fácil acceso debido la complejidad del procedimiento virtual para lograrlo.
Igualmente,  como principal limitante para la participación de los gremios en ésta y otras convocatorias previstas, resulta ahora la exigencia de una contrapartida en dinero efectivo por el 30% del valor del proyecto, lo cual obliga a quien aspire a participar, a tenerlo disponible en caja, lo cual es imposible para muchos, o  por lo menos no es lo común en organismos gremiales sin fines de lucro
Lo anterior no se compadece con los reiterados anuncios hechos por el Ministro Iragorri desde su posesión  siempre bien recibidos por  los gremios de la producción, entre ellos Analac, los cuales ante la circunstancia anotada parecieran ver frustradas sus esperanzas.
Los convenios hasta el 1 de julio de 2017 se regían por el decreto 777 de 1992 pero ahora se rigen por el 092 de enero de 2017.
Entonces, en este Gobierno se modificaron las reglas de juego, a lo cual se agrega la dificultad para acceder al pliego de condiciones y fuera de eso el poco tiempo para presentarse, pudiendo ser  la licitación solo para quien de alguna manera haya tenido el privilegio de conocer más información que aquella a la que puedan acceder sus competidores; o que los pliegos posean una "alta semejanza" con las condiciones de a quien se la adjudican.
Lo demás, ¡piénsenlo ustedes...!