JUSTICIA E IZQUIERDA
Corte Penal Internacional y Unasur
El fiscal general Montealegre cree que la paz debe lograrse sin importar el precio a pagar. Pareciera que se incluye dentro de aquellos para quienes la paz es más importante que la justicia (como dijo algún político en estos días) y consideran que la justicia debe entenderse en un sentido muy amplio, es decir, que en este caso se haría justicia con penas simbólicas, como sentencias suspendidas. Sorprende esta posición en una Fiscalía que obtuvo condena de 35 años de prisión para el Gral. (r.) Arias Cabrales porque “tuvo conocimiento pormenorizado sobre el manejo de las personas que eran sacadas con vida” de la Casa del Florero cuando la toma del Palacio de Justicia en 1985 y mantiene en la cárcel al Crl. (r.) Alfonso Plazas por los mismos hechos. Se declara de lesa humanidad los asesinatos (execrables estos) de 34 miembros de la UP pero se quiere la impunidad para los culpables de miles de asesinatos, secuestros y extorsiones. Solo en la voladura del Club El Nogal murieron 36 personas y quedaron heridas unas 200. La Fiscalía debe perseguir a los criminales no defenderlos.
El Dr. Montealegre es consciente de que el derecho penal internacional cambió radicalmente después de la II Guerra Mundial para evitar la impunidad de crímenes atroces y hoy día las normas de la Corte Penal Internacional, a las que Colombia adhirió, obligan a imponer penas efectivas a los culpables. Como lo dijo el ministro de Justicia, Yesid Reyes, el proceso de paz “debe contar con legitimidad internacional”. Por eso se fue el Dr. Montealegre a La Haya a hacer lobby por la amnistía a los cabecillas farianos y se entrevistó con la fiscal de ese tribunal, la Sra. Fatou Bensouda pero, como él lo declaró, la señora Bensouda insistió en la obligación de penalizar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y que sin prisión efectiva para los guerrilleros no habría justicia. El anterior fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, confirmó la posición internacional contra la impunidad al opinar que imponer penas de cárcel a los cabecillas de las Farc serviría de reparación a las víctimas de la guerrilla y ayudaría a construir la paz pues de lo contrario Colombia podría ser acusada ante la CPI.
¿Será por esta posición de estricto apego al Tratado de Roma que ahora los regímenes latinoamericanos de izquierda, así como crearon a Unasur para tratar de restarle influencia a la OEA quieren ahora crear una Corte Penal dependiente de Unasur para imponer un derecho penal chavista? Dirán que cuando ya tienen de Secretario General a Ernesto Samper, cualquier propuesta puede ser aprobada sin objeciones de las democracias y así las violaciones a los derechos fundamentales en Latinoamérica podrán ser “juzgadas” por esta corte izquierdista de bolsillo.