El Estado indígena
El deseo de los indígenas de querer constituirse en Estado independiente no es nuevo. Tampoco nueva su relación con la guerrilla, la que es estrecha por varios factores: en esta área el Estado brilla por su ausencia y el vacío es llenado por las armas subversivas; muchos indígenas han encontrado en el cultivo de la coca una fuente de ingresos que supera la de sus siembras usuales; dada la pobreza de las regiones, muchos son los jóvenes indígenas que militan en las filas subversivas. Interesa a la guerrilla promover estas iniciativas autonomistas ya que despejan los territorios de la Fuerza Pública y así pueden controlarlos, disponer de corredores al Pacífico y gozar de plantaciones de coca para financiarse.
La asonada en curso en el Cauca no sorprende. Recordemos que la Corte Constitucional les reconoció el derecho a no prestar el servicio militar y que los paeces se sentaron mientras se entonaba el Himno Nacional en reunión con Uribe (Piendamó, noviembre de 2008). Cuando el Gobierno demuestra que todo lo quiere solucionar “conversando” y cuando, desde hace muchos años, nuestras autoridades cada vez son más permisivas con las conductas indígenas contrarias a la legislación colombiana, es lógico que el espíritu de rebeldía se aliente. No es cierto que la Constitución del 91 haya dado autonomía a los indígenas, sí les permite (artículo 246) “ejercer funciones jurisdiccionales” siempre que sus normas “no sean contrarias a la Constitución y leyes de la República”, pero, ¿no son ilegales los castigos corporales como la flagelación o el cepo, la ablación del clítoris, el dejar morir a gemelos y niños nacidos con incapacidades, castigar a quienes tengan relaciones con blancos? Los indígenas se han convertido en obstáculo al desarrollo oponiéndose, a veces violentamente, a proyectos de infraestructura o de explotación minera y a las mismas operaciones antiguerrilleras, en el fondo lo que sucede en Toribío. (¿Dónde están las bombas y la “caja negra” del avión accidentado la semana pasada?).
El Gobierno debe ser prudente en el manejo de la asonada del Cauca, al fin y al cabo en Colombia hay 1.500.000 indígenas que ocupan 29,8% del territorio. Pero tiene que demostrar firmeza, aplicar la ley. La humillación a las Fuerzas Armadas, donde los arrastraron físicamente y les desmantelaron las fortificaciones, transmite un mensaje de debilidad y la marcha, en curso, de otros dos mil paeces en el Putumayo, no augura nada bueno. Ahora Baltasar Garzón quiere internacionalizar el problema. Protegido de Santos, quien logró que la OEA nos lo insertara como asesor en Justicia Transicional después de fracasar en designarlo su asesor en derechos humanos (ante la protesta contra quien había sido expulsado de la magistratura en España y condenado allí por “prevaricación” y escuchas ilegales), ahora se entromete alentando a los revoltosos. Seguramente la Fuerza Pública retomará el Cauca, pero el Estado colombiano sale más debilitado.