Frente a mi escrito pasado sobre la expedición emprendida por la Minga que partió del Morro de Tulcán, Popayán (donde derrocaron a Sebastián de Belalcázar) rumbo a la capital, seguramente para pedir la cabeza del Señor Caído de Monserrate y de paso la del Presidente de la República, mi buen amigo y paisano Fernando Panesso me hizo un par de cuestionamientos: que yo presentaba diagnósticos discutibles y no planteaba soluciones.

Pues bien. Estos días han salido a relucir opiniones calificadas, como la de los abogados Rafael Nieto, Abelardo de la Espriella, Julio Revelo, exjuez de Caloto, y Diana Perafán exesposa de Feliciano Valencia, senador de Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), de quien hizo gravísimas acusaciones hace poco en el propio Congreso de la República, con serios señalamientos sobre la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). ¿Qué pasó con las tierras de las víctimas de la masacre de caloto? Le preguntó, entre otras cosas, a su ex, y creo que no le ha respondido.

La revisión de la literatura sobre el particular, Fernando, deja más tribulaciones que respuestas. Se habla de corrupción al interior de la comunidad indígena, de violencia intrafamiliar, de machismo irredento; so pretexto de la “recuperación y liberación de la madre tierra” y de la “reivindicación de derechos ancestrales” -justas reclamaciones, en decir de una alcalde receptora de la marcha- se han convertido en los mayores terratenientes de Colombia, país que tiene 114.4 millones de hectáreas y ellos 31.6 millones, con una población que merodea los dos millones, de 50.2 millones del país. Sólo en el Cauca tienen 879 mil hectáreas, y piden más.   

Como buenos Amerindios, son verdaderos AMR (atenidos, mantenidos y resentidos) y quien viaja de noche por las montañas del norte del Cauca sabe que lo que alumbra no es un enorme pesebre sino cocinas de alcaloide, que ellos atienden y/o arriendan a las disidencias de las Farc y a toda suerte de bacrim. Se quejan de abandono e inseguridad y de que están matando a sus líderes, pero no permiten el ingreso de la Fuerza Pública, porque ellos son la Ley en su república independiente; no pagan impuestos; impunemente usurpan tierras como la Hacienda La Emperatriz, en Caloto, y asedian empresas como la exportadora de trucha El Diviso, en Popayán.

Lo último que se supo es que durante su ausencia, tal como chateó un “abuelo”, las fuerzas del orden aprovecharon para pulverizar 63 “laboratorios ancestrales de droga y les toca regresar de urgencia para atender el chuzo”. Y como grupo de presión, conforman una enorme Ong que con frecuencia suele recurrir a las vías de hecho -saben que son intocables- y son quienes pretenden limpiar selvas, montañas y allanar el camino de la izquierda al poder en nuestra Patria atribulada. 

Post-it. Te doy la solución a la “problemática ancestral indígena”, Fernando: no existe mientras no se acabe el narcotráfico en Colombia y no se reviertan los privilegios que la Constitución Política les otorga. Mientras, tendremos que convivir con esa comunidad dentro de los enmarañados linderos de una “tensa calma chibcha”.