La semana pasada en el municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado, a manos de un Cabo del Ejército Nacional, Dímar Torres Arévalo, desmovilizado de la guerrilla de las Farc. Ante tan delicada situación, de manera oportuna, el ministro de Defensa, Guillermo Botero y el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, reaccionaron reconociendo los hechos y “dando la cara” como lo expresó el General Villegas ante la comunidad y los familiares de la víctima. Este grave homicidio, que debe dar lugar a sanciones ejemplares contra los responsables, desafortunadamente sirve de combustible para que la oposición siga incendiando al país.

A pesar de todos los problemas que significa para Colombia el acuerdo con las Farc, es obligación del Estado y de la sociedad proteger a los desmovilizados, en especial aquellos que cumplan con lo acordado y renuncien de manera definitiva a la violencia. No es tarea fácil, garantizar seguridad en un país, donde la amenaza de la violencia es latente en distintos lugares del territorio, es imposible.

Los asesinatos han aumentado en las zonas de expansión del narcotráfico como Norte de Santander. Los desmovilizados se enfrentan a los ajustes de cuentas por sus crímenes del pasado, están expuestos a la venganza de sus víctimas, sus antiguos camaradas siguen delinquiendo y los ven como traidores o quieren silenciarlos para que no cuenten la verdad. Gran parte del asesinato de “lideres sociales” obedece a este fenómeno, no es fácil salir del mundo criminal. Eso pasó con el asesinato de militantes de la UP, miembros de las Farc que renunciaron a la violencia para hacer política, fueron asesinados por sus antiguos camaradas delincuenciales.

El homicidio de Dímar es una vida que se pierde, una familia destruida, una comunidad atemorizada, miles de desmovilizados que pierden confianza en las autoridades. La izquierda radical saldrá a decir que ese asesinato, en lugar de ser un hecho aislado, es una política de Estado. Los carteles de abogados como el Alvear Restrepo pondrán demandas millonarias contra la Nación, para hacer negocio con la tragedia.

Ya están pidiendo la cabeza del Ministro, buscarán meter presos a varios militares, irán a la ONU a decir que no hay garantías para hacer la paz y muchos justificaran el regreso a las armas de los miembros de las Farc. Es la excusa perfecta para que narcos como “El Paisa” o “Márquez” digan que no se han desmovilizado por temor a ser asesinados.

No es un asesinato cualquiera, la víctima es un desmovilizado y el victimario es un militar. Esto no se puede volver a repetir, a los responsables hay que castigarlos de manera ejemplar, el Gobierno debe generar tranquilidad entre los desmovilizados, evitando que la oposición use esta muerte para seguir en su tarea de desestabilizar. 

A pesar de la gravedad de los hechos, la actitud que han asumido el Gobierno y el Ejército es loable. Reconocer los hechos, pedir perdón, reparar a las víctimas y sancionar a los responsables. Ese es el camino. La muerte de Dímar le duele al país, pero de ninguna manera obedece a una orden, ni a una acción premeditada en contra del proceso. ¿Será que al cabo que asesinó a Dímar lo reciben en la JEP?

@SamuelhoyosM