Delitos de sangre
Epígrafe
“No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”.
Barón De Montesquieu
Cualquier colombiano se puede equivocar en materia de Justicia, en materia de leyes, pero no puede hacerlo el ministro del Interior.
Fernando Carrillo, exconstituyente, reconocido abogado, defensor del Estado, no puede salir ahora a crear delitos como el de sangre, el de conocencia, el de amistad o el de color de piel.
Su desliz, al atacar a la señora Astrid Sanchez Montes de Oca, quien tiene la posibilidad de llegar al Senado en reemplazo de Eduardo Merlano, recientemente sancionado, exageradamente, por la Procuraduría, no es justificable desde ningún punto de vista.
La Justicia debe ser igual para todos y el único que puede crear delitos es el Congreso Nacional. De manera que, el señor ministro quien ya lo fue de Justicia, no tiene derecho a condenar a un colombiano por razones de raza, color o por cualquier otra, que no esté contemplada en nuestro ordenamiento jurídico.
La leyes son para respetarlas y acatarlas y más por parte de un alto funcionario del Gobierno cuyo nombre esta inscrito en la Constitución del 91. Dura lex sed lex. Entonces ¿cómo van a hacer los familiares, hermanos y parientes de los guerrilleros de las Farc que aspiren a ejercer cargos públicos? ¿De acuerdo con lo dicho por el ministro no lo van a poder hacer? ¿O los familiares de los sancionados por la Procuraduría, o por la Contraloría? ¿O es que se pueden crear normas o presuntos impedimentos a la medida de intereses personales o políticos?
Si el ministro Carrillo tiene esas convicciones le corresponde presentar un proyecto de reforma constitucional y otro de reforma electoral para incluir los impedimentos que él sugiere. Eso lo puede hacer solo dentro de los cauces legales, porque cualquier otro método es anarquista, discriminatorio y cercano a la tiranía. Y de ahí en adelante se debe decir: “Esta condena a fulano de tal se extiende a toda su familia y a las generaciones venideras durante los próximos 20 años”.
Además es una injerencia en los asuntos internos de los partidos, al presionar al partido de la “U” que dejen entrar al señor Andrés Guerra de Antioquia. La señora Astrid Sánchez, es abogada de la Universidad de La Sabana, especializada en derecho administrativo y tiene un derecho legítimo que no se le puede cercenar.