Que la campaña ya se inició sin tener muy claro el abanico de candidatos a la presidencia de la República es una gran verdad. Los diferentes ejes que cada postulante debe enfrentar, ofreciendo soluciones y salidas, son múltiples y urgentes, pero, quiéranlo o no, definitivamente la seguridad en toda su extensión es crucial y será un tema de campaña muy significativo, a tal punto que hoy la ciudadana aspira a contar con un candidato convertido en redentor de la seguridad que traiga, dinamice y garantice una tranquilidad general y estable.

Pero no solo debe mostrar gran preocupación por lograr un resultado positivo y sólido. Es necesario que nos cuente el cómo, es decir que muestre el camino y la estrategia para llegar al anhelado objetivo; ante lo cual nos permitimos presentar algunas consideraciones, que enriquezcan el debate interno de las campañas.

Las falencias que potencian la inseguridad son múltiples y variadas, con el malestar de las autoridades por la falta de compromiso ciudadano en su propia seguridad, situación que facilita el accionar delictivo, pero las comunidades, también muestran una incomodidad por la ausencia de dirección, organización e interacción de las diferentes autoridades comprometidas en esta lucha contra la criminalidad, con los centros comunitarios; más las dificultades del sistema penitenciario donde se violan los derechos de los  internos y las autoridades incumplen el régimen carcelario, ante la falta de centros correccionales para condenados o centros de reclusión transitorios,  pues los actuales se encuentran en un hacinamiento aterrador.

Recordemos que la salida a una seguridad ciudadana no se sustenta solo en la tecnología, erizar las ciudades de cámaras será un buen disuasivo, pero la tecnología sin el recurso humano es insuficiente; vigorizar las penas o cubrir las pequeñas causas con cárcel, incluyendo el porte de armas blancas y los reincidentes, se puede convertir en un saludo a la bandera ante la falta de centros correctivos. Estos aspectos hacen parte del problema, pero no muestran soluciones a corto y mediano plazo.

El compromiso de las autoridades municipales y departamentales, con la fuerza pública y fiscalía en la persecución e identificación de los delincuentes y sus organizaciones amplían la misión y lo más importante: potencia la judicialización sustentada en la recolección de pruebas que enriquecen el trabajo del fiscal ante los jueces de conocimiento. Pero hay que ser claros: es un componente no una solución.

Esta serie de consideraciones nos despejan un concepto más serio y de fondo, como es la política criminal, que no se ha tenido en suficiente nivel por los gobiernos, direccionada hoy con una propensión al endurecimiento de penas, lo que indiscutiblemente golpe el hacinamiento carcelario, mostrándose más reactiva que preventiva. Una política criminal funcional permitirá y obligara que los actores responsables de su implantación, asuman compromisos formales con el país.