Tiene razón el expresidente Andrés Pastrana cuando señala que el Presidente Duque está a tiempo de hacer un corte de cuentas y contar al país la realidad de lo que recibió. La herencia es mala en casi todos los frentes, el económico, el político y el institucional, especialmente lo referente al proceso con las Farc. El acuerdo es una farsa, y aunque a muchos les moleste, tenemos que seguir repitiéndolo.

El narcotráfico va en aumento, la violencia en las zonas cocaleras crece, los miembros de las Farc, aparte de recibir beneficios políticos, económicos y judiciales, no han aportado verdad, ni han reparado a sus víctimas. Algunos tienen la doble condición de legisladores y narcotraficantes, otros, cobijados con el manto de impunidad de la JEP, siguen comandando sus estructuras criminales desde el Congreso, Caracas o la Habana.

Mientras tanto sus camaradas, desde distintos frentes, señalan a la Fuerza Pública, al empresariado y al Gobierno Nacional, de ser los responsables de los asesinatos en las zonas cocaleras. Pero la realidad es que la mayoría de dichos asesinatos, es consecuencia de la disputa territorial entre los carteles del narcotráfico. Otra vez están aplicando la vieja estrategia de los victimarios posando de víctimas.

De manera armónica, sistemática y planificada, la izquierda acusa al Gobierno de los asesinatos. Primero, un periodista del New York Times saca un artículo diciendo que el Ejército Nacional había dado la directriz de “doblar los resultados” contra las organizaciones criminales, guerrilleras y paramilitares. Sugiriendo que se trataba de una política sistemática de crímenes de Estado, algo así como “los falsos positivos 2.0”, en lugar de la legitima actuación de la fuerza pública contra el terrorismo y el narcotráfico.

Simultáneamente, y previo a la ceremonia de ascenso de los Generales de la República en el Congreso, Gustavo Petro señaló al Ejercito de “entrenar a sus hombres para ser asesinos”; el mismo día, el diario El País de España publica un artículo titulado “El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles”. Al mismo tiempo, la ONU, a través de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnés Callamard, señaló al Gobierno de Colombia de “incentivar la violencia contra los desmovilizados de las Farc”.

Como si fuera poco, Humberto De la Calle, el arquitecto del acuerdo con las Farc y el responsable directo de haber pactado a favor de los mafiosos y en contra de las víctimas, salió a ambientar el fracaso del acuerdo, responsabilizando al Gobierno. De la Calle, que no tuvo límites en sus concesiones a las Farc, pues de la firma del acuerdo dependía su candidatura presidencial, ahora pretende culpar al Gobierno del problema que él causó. Es como el constructor de un edificio, que se levantó sin estructura, culpando a los administradores por su inminente derrumbe.

No es tarde para hacer el inventario de lo recibido, hay que salir a desenmascarar a los responsables del problema, el Gobierno tiene la necesidad de quitarse de encima el dedo acusador de los victimarios y de sus opositores. Están armando el relato para que el Gobierno y los militares sean “los malos del paseo”.

Finalmente, aunque la Corte, el Papa o Maradona, digan lo contrario, el consumo de drogas atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Para zanjar esta discusión por la vía democrática, en estas elecciones deberíamos consultarle al pueblo colombiano, si se permite o no el consumo de drogas en el espacio público.

@SamuelHoyosM