Pareciera que al fin les llegó el turno a los mega sueldos de los altos funcionarios del Estado; si lo pudieron hacer con las pensiones irrespetando los derechos adquiridos, como no lo van a poder hacer con los ingresos de los altos funcionarios que todavía no han adquirido ningún derecho.  Si bajaron las pensiones, por supuesto que pueden bajar los salarios.

Uno de los primeros acuerdos en la Mesa Técnica Anticorrupción, donde tienen espacio todos los partidos políticos, es la congelación de los ingresos de los actuales congresistas, hasta el final de su periodo, en 2022. Los futuros parlamentarios, a partir de ese año devengarán un máximo 25 salarios mínimos, sumados todos los conceptos que hoy componen sus ingresos.

Los congresistas devengan actualmente $ 31´331.823, equivalentes a 40 salarios mínimos aproximadamente, sumados todos los conceptos por asignación básica, una prima de servicios y los gastos de representación.   A esta suma se le debe restar los descuentos por salud y pensiones, que suman mas o menos los ocho millones de pesos.  Además, tienen derecho a un tiquete aéreo semanal en primera clase para trasladarse a sus regiones de origen.

Los magistrados de Altas Cortes perciben lo que gana un congresista, así como los procuradores delegados y fiscales, que reciben lo mismo del funcionario frente al cual ejercen sus funciones.  Es decir, la estructura de ingresos de los funcionarios del Estado parte de la  base de las asignaciones a los Congresistas en gran medida,  luego la decisión repercutirá  en toda la estructura salarial del poder público.

Nada se ha dicho sobre la asignación de los Presidentes de la República y las pensiones que reciben luego del retiro, que también son exageradas; aunque también se acordó que para los altos funcionarios del Estado un régimen de congelamiento del salario por el número de años que cada cargo requiera y así se rebaje al tope de 25 salarios mínimos.   

Aunque la propuesta de la consulta era rebajarlos de una vez, problemas sobre su constitucionalidad llevaron esta propuesta alternativa del congelamiento,  que tampoco es viable sino se supera primero, el inconveniente que plantea el artículo 187 de la Constitución, que  dice  “la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

Todo esto era previsible.  Desde el momento mismo que se rebajaron las pensiones altas, alegando su elevado costo y el impacto en la sostenibilidad del sistema, se marcó una revisión futura de todas las asignaciones del Estado que apenas comienza. También es hora de revisar la razón por la que algunos altos funcionarios no reciben doce mensualidades, sino diez y seis al año, como sutil manera de inflar sus ingresos.