Ahora resulta que los guerrilleros del Eln tenían patente de corso para cometer el vil acto terrorista  contra unos muchachos estudiantes de la Academia de Policía General Santander y que los protege un protocolo de terminación de los diálogos a la luz de los Convenios  de Ginebra,  que en secreto  había firmado la guerrilla del Eln con el anterior Gobierno. Nada más traído de los cabellos. Ningún protocolo en el  marco de un proceso de paz puede encerrar como finalidad la  impunidad, así sea  temporal, de los autores de actos terroristas.

Esos protocolos de terminación de diálogos tienen como finalidad establecer una metodología que garantice a los guerrilleros regresar a sus sitios de origen desde el lugar donde estos se adelantaban, es decir desde La Habana; pero hay que advertir, que ello, bajo el supuesto sine qua non que, ante todo, estuvieran en una mesa de diálogo operante y efectiva, y que la ruptura de las conversaciones no se deba a la realización de actos terroristas; cosas que por sabidas se callan.  En el presente caso no se cumple ni lo uno ni lo otro; el Gobierno había sido muy claro en advertir que no habría más proceso si no cumplían con una líneas rojas, como: cesar el fuego, liberar secuestrados, suspender el reclutamiento de menores, entre otros; y  les dio un término para atender estas exigencias, como señales claras de querer avanzar en el proceso. La respuesta de la guerrilla fue el acto terrorista y, ahora, quieren aplicar un protocolo previsto para  el proceso de paz,  frente a las consecuencias de  un acto de guerra contra la sociedad.

Se ha querido vender como argumento en favor de la aplicación de un protocolo, que les permite regresar a Colombia, con la gabela de 72 horas despejadas de ejército para que se escondan en el monte o incluso, que puedan quedarse en Venezuela, donde los protegen y tratan como héroes, señalando que el Estado colombiano está obligado a cumplir con ese protocolo, que  hay que respetar los países garantes y que si no lo hace, no habrá guerrillero que quiera negociar en el futuro.

Eso no es cierto. Ningún Estado puede permitir ni tolerar el terrorismo, por el contrario, los Estados están obligados a sancionarlo. No en vano el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acaba de repudiar el hecho vandálico cometido por el Eln. En otros circunstancias, seguramente se atendería el protocolo,  pero  en las actuales, todo lo contrario;  frente a semejante terrorismo, aplicar el protocolo sería garantizar la impunidad de un delito de lesa humanidad que el Estado Colombiano está obligado a sancionarlo.

Tremendo error negociar sin que cese el fuego; el protocolo que Cuba pide que se aplique, es para cuando hubo cese al fuego y se desarrolla una mesa de diálogo sin la presión de las armas.  Cuando se trata de actos bárbaros,  de lesa humanidad, es absurdo siquiera pensar que la respuesta pueda ser otra diferente  a la persecución y sanción de los delincuentes. Si esto va a dificultar futuros procesos de paz con guerrilleros que en medio de los diálogos cometen actos de terrorismo, pues que se frustren de una vez, pues ello no puede interesarle a la patria.