Mediante la ley 77 de 1989 el gobierno del presidente Barco determinó como delitos políticos los crímenes del M-19. De este proceso “de paz” ya no nos queda ninguna memoria. Al parecer, como país hemos decidido no mirar atrás, ni aprender de lo que hacemos. Sin embargo, algún beneficiario de la amnesia colectiva quiere reescribir la historia con mentiras, abusando de nuestros olvidos.

El M-19 fue una guerrilla armada urbana que violentó a los colombianos durante 16 años. Se dice que tenían ideas socialistas, guevaristas, antiimperialistas; sin embargo, como sociedad sólo nos quedan las cicatrices de sus secuestros y asesinatos.  

El Centro Nacional de Memoria Histórica dice que entre 1970 y 1989, el M-19 fue responsable de 557 secuestros: Hugo Ferreira Neira, exministro de agricultura para juzgarlo; Álvaro Gómez Hurtado, para presionar por una asamblea constituyente. Muchos de sus secuestros tenían propósitos extorsivos; fueron pioneros en el país en imponer este delito de lesa humanidad como práctica habitual. Camila Michelsen estuvo secuestrada 643 días y su familia tuvo que pagar 500 mil dólares, de la época.

Uno de sus más espeluznantes crímenes fue el del líder sindicalista José Raquel Mercado, presidente de la CTC -Confederación de Trabajadores de Colombia-. Lo secuestraron, lo torturaron y luego lo mataron en una fecha escogida para celebrar el supuesto aniversario de la creación del M-19. Su pecado nunca fue claro, lo cierto es que logró importantes conquistas para la clase obrera, fue elegido Representante a la Cámara por el Partido Liberal y era uno de los más importantes líderes sindicales de su época. Lo declararon culpable, en un juicio popular, luego de torturarlo para extraerle confesiones; y finalmente lo fusilaron. Su cuerpo magullado fue dejado entre bolsas en el Parque El Salitre.

En 1980 con la toma de la embajada de República Dominicana, secuestraron 16 embajadores y pidieron 50 millones de dólares y la liberación de 300 guerrilleros presos para cesar la toma. En 1979 se robaron del Cantón Norte de 4.076 armas del ejército. Una investigación periodística de El Tiempo establece que en los inicios de este grupo guerrillero asaltaban camiones de leche de supermercados en Bogotá.

La toma del Palacio de Justicia fue su mayor demostración de barbarie y terrorismo. Pretendían juzgar al Presidente Betancur, también por traición a la patria, así que secuestraron el edificio con todos los magistrados, funcionarios y visitantes. Hubo 98 muertos. Los nexos de esta toma con el narcotráfico están documentados. El informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia establece: “entre 1984 y 1985 miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese cartel y realizaron acciones criminales conjuntas…". La idea era desaparecer los expedientes de los extraditables (mafiosos que serían extraditados).

El epílogo fue nefasto, en 1991 el M-19 finalmente obtuvo su Constituyente, que cumpliéndole al narcotráfico, prohibió la extradición. Hubo de imponerla nuevamente el presidente Samper, aunque eso sí, sin retroactividad. Con la desmovilización del M-19 y con la nueva Constitución, tampoco vimos la paz. Después de 1990 y hasta el 2001, Colombia tuvo la tasa más alta de homicidios; en 1995 se asesinaron 24.980 personas, y para el 2000 la cifra iba llegando a las 26 mil. Cerca de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes. No lo olvidemos.