Con estupor observamos el video que muestra un fiscal de apoyo de la JEP, recibiendo y escondiendo un manojo de dólares por debajo de una mesa, que al parecer, según la Fiscalía, era el pago parcial de una coima para incidir en el trámite de extradición del exguerrillero “Jesús Santrich”. Muy a pesar de las prontas explicaciones de la Presidente y Fiscal de la UIA de la JEP sobre la no incidencia del funcionario filmado in fragante delito en la decisión de extradición, la verdad es que semejante monto negociado de 2.000.000 dólares, no van a ser pagados por un incauto a quién no decide; sin duda había contactos más profundos que al parecer comprometen hasta algún magistrado, según versiones del procesado. Malos vientos para la JEP, que agregan otro episodio a su ya negativa imagen.
Desde el inicio de la novel jurisdicción, la viene rondando un sino trágico de corrupción. Lo primero que escuchamos fue de malos manejos de los recursos durante su creación, cuando las decisiones correspondían in integrum al secretario ejecutivo; aunadas a disputas internas por el poder que, luego pasaron a un cuestionamiento contra su directora administrativa, por supuesto asesoramiento indebido a los excombatientes de las Farc para ocultar su desaparición.
También, recientes señalamientos, cuestionan cuantiosos contratos “a dedo” cuyos beneficiados fueron dos exfuncionarios del Gobierno anterior, de gran abolengo político. Hechos que sin duda inciden en la maltrecha imagen de la institución.
Aparece ahora que la demora en llegar la comunicación del ruego de pruebas al Departamento de Justicia de USA en el caso de extradición de Seuxis Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, fue parte del arreglo de las recientes gratificaciones recibidas por el fiscal cuestionado, que obviamente se enlazaría con la decisión de pedirlas cambiando toda la tradición del país en materia de extradición.
La administración de justicia supone de instituciones que brinden confianza a la sociedad. El mero cuestionamiento que la Presidente hace sobre la ligereza con que se escogió y designó al fiscal encartado, por parte del director de la UIA deja mucho que desear. Creo que tanto parlamento perjudica más de lo ayuda. Tampoco pareciera conveniente salir a pedir perdón por hechos delictuosos ajenos. Lo que hay que pedir y exigir es justicia ejemplar para los corruptos y máxime si son funcionarios judiciales o de la fiscalía, que traicionan la confianza pública. Lo peor que puede pasar a una sociedad es que tenga jueces o fiscales corrompidos.
Todo esto se aúna a las criticas desde lo político que se hacen a la jurisdicción especial de haber sido creada para darle gusto a las Farc, circunstancias que aprovechan los detractores del proceso de paz. Gran reto tiene la jurisdicción especial de paz de levantarse después de haber construido una imagen deteriorada desde su nacimiento. Esperemos que así sea, que por el bien de la República; los miembros dignos que componer la jurisdicción, puedan obrar con imparcialidad y con justicia.