La Defensoría del Pueblo presentó un mapeo del significativo incremento, en este año, de las manifestaciones públicas, como instrumento de la gente para ondear sus reclamos. El asunto trasciende no sólo por su reproducción, que no es sólo en Colombia, sino también por el llamado de atención que hace la mediadora y garante de los derechos humanos directamente al gobierno. Esto por los efectos que genera el incumplimiento a compromisos adquiridos y por la necesidad de actuar con mecanismos de alerta y prevención.
En general, si el Ejecutivo está cumpliendo y se ve el esfuerzo por articular la institucionalidad en torno a unos propósitos, hay menos alternativa de tener que acudir a la calle para manifestar el inconformismo. Es una visión distinta a aquella que ve el presidente Petro que busca alentar a las personas a salir a la calle para atender sus discursos del balcón y reformas propuestas.
El informe y seguimiento que hace el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo es bien diciente. Entre enero y agosto de este año se han presentado 1.080 eventos, definidos como conflictos sociales, con un aumento del 34% frente al año anterior.
En estas manifestaciones públicas sobresalen los bloqueos o cortes de rutas (40%) seguidos por plantones o concentraciones (28%), marchas o movilizaciones (13%), ocupación o toma de instalaciones (4%), paros cívicos o cese de actividades (7%) y otros (4%). De todos estos, el 10% terminó en disturbios, contaminando la llamada protesta o protesta social, varias alejándose de la manifestación pública y pacífica determinada por la Constitución.
Parece ser que las personas acuden sin ningún límite normativo a los bloqueos o cortes de rutas, como si se estuviera viendo como natural el hecho de interrumpir la actividad de los demás. Este tipo de acciones como la ocupación o toma de instalaciones se han incrementado en un ciento por ciento. Asimismo, las huelgas de hambre en un 143% y los paros cívicos o cese de actividades en un 114% mientras las marchas se redujeron en un 5%.
Además de mostrar esta radiografía, es importante atender al llamado que hace el mismo Defensor del Pueblo a la necesidad de hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos suscritos. Mejor dicho, ¿qué se saca con dialogar si no se cumple con las expectativas? Muchas veces estos encargos terminan pasando como pendientes de gobierno a gobierno.
Una administración que habla de diálogo permanente, de salir a las calles, de manifestarse, tiene el deber en esencia de ejecutar las promesas y programas. No en vano se trata del poder Ejecutivo.
Sorprende que la Defensoría habla de más de quinientos compromisos adquiridos en el seguimiento de 28 acuerdos suscritos. Pero peor aún resulta ser que sólo la tercera parte de los compromisos tienen un plazo definido y no condicional. Así las cosas, el diálogo termina con objetivos no limitados. En este orden, las manifestaciones se dan no sólo por razones políticas sino por falencias del Ejecutivo. Bien se dice que lo importante no es lo que se promete, sino lo que se cumple.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI