Mario González Vargas | El Nuevo Siglo
Lunes, 22 de Febrero de 2016

Nos alejan de la paz

Proselitismo armado de Farc desnuda debilidad del Gobierno

EL  Gobierno no puede declararse sorprendido por el proselitismo armado realizado por las Farc en el corregimiento de El Conejo, municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, ni mucho menos aducir que tal evento se realizó a sus espaldas. Según se informa, todo se hallaba minuciosamente organizado para realizar una concentración política custodiada por numerosos guerrilleros fuertemente armados. Tramitado y concedido el permiso de la manifestación y avisadas las autoridades militares y nacionales por el alcalde de Fonseca, los pobladores vieron llegar numerosos buses y automóviles que transportaron delegaciones de municipios del Magdalena, Cesar, Atlántico y Sucre, entre otros, que antecedieron la llegada de los jefes de las Farc al convite, en donde ya habían sido contratados 2.000 almuerzos y cancelado el alquiler de la tarima.

La Fuerza Pública, replegada en el casco urbano de Fonseca por órdenes del mando superior, dejó desprotegida a la población en medio del despliegue atemorizante de los escuadrones guerrilleros y de la propaganda política impresa  con los distintivos de la guerrilla y de organizaciones sociales conocidas por sus afinidades ideológicas con las Farc.

Divulgada la realización de la manifestación, se ha sabido de la ocurrencia de por lo menos tres hechos similares en meses pasados, en población cercana a San José del Guaviare, en Mocoa y San Pedro (Caquetá), lo que evidencia el conocimiento del gobierno de tales actividades y la complicidad de los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, y de la Cruz Roja, en clara violación a los principios de neutralidad e imparcialidad a los que están obligados. Permitir, o lo que es peor, prohijar el proselitismo político armado de las Farc, es concesión que desnuda la debilidad del Gobierno y actitud que desmiente el mentado propósito de erradicar las armas de la actividad política. Compromete la responsabilidad del Estado y la disciplinaria de los servidores públicos, que con sus actos u omisiones, permitan la desprotección de la población civil en manos de un grupo armado ilegal, cualquiera que sea su denominación o naturaleza.

La tardía reacción del Gobierno no lo exime de una clara explicación de hechos que implican zonas de despeje temporales para realización de actividades ilegales y que son percibidos como anticipo de lo que podría ocurrir en las eventuales zonas de concentración, con guerrilleros armados y población víctima, desprotegida y sometida a la voluntad de sus victimarios. De lo contrario, nos estaríamos alejando de la paz.