Licitud o ilicitud del paro agrario
“Tiene el Gobierno la oportunidad de restablecer su autoridad”
LAS democracias son los regímenes más propicios a la conciliación de intereses encontrados y a la concertación de políticas sociales y económicas porque privilegian el respeto a la libertad de sus ciudadanos y el ejercicio de los derechos que de ella se derivan para asegurar la consecución del bien común. Disentir es legítimo y dialogar su consecuencia. La protesta social se percibe como herramienta de expresión cuando no se ha sido escuchado, y alternativa para recodarle a la autoridad su obligación de atender y realizar los fines del Estado. Su causa justifica su realización, pero su legitimidad se deriva del respeto al derecho ajeno, es decir a los derechos fundamentales de los ciudadanos que no pueden verse ni amenazados ni conculcados, así no medie violencia en su ejecución.
El carácter violento de la inconformidad colectiva tiende a generalizarse y la violación a los derechos humanos a materializarse, al amparo de un ambiente de permisividad que consiente el tránsito del ejercicio de derechos a su abierta violación. Se han desvanecido los límites entre lo lícito y lo ilícito, haciendo aceptable toda conducta de protesta sin reparar en su flagrante ilegitimidad. Todo ello socava los cimientos de la convivencia social y estimula el ejercicio de la violencia como instrumento de reivindicación.
Es la situación que se viene presentando con el paro agrario que sacude a la nación. De hecho, asistimos a una usurpación de la autoridad legítima del Estado por la dirigencia del paro, la que autónomamente desconoce o restringe derechos fundamentales y dicta las modalidades y tiempos de su ejercicio. Los artículos 2, 24 y 189 núm. 4 de la Carta se convierte en letra muerta que no revivirán con las tímidas expresiones de mano fuerte de un gobierno en trance de ser despojado de autoridad y credibilidad. La renuncia al ejercicio de la autoridad legítima para proteger los derechos y mantener el orden social abre las puertas al caos y entroniza la violencia como instrumento de arbitraje de los conflictos políticos y sociales. El Gobierno debe comprender que ya no se trata simplemente de una protesta social, sino de una situación que compromete sus responsabilidades constitucionales de protección a la vida, honra y bienes de los colombianos y al ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales y.de conservar y restablecer el orden público cuando fuere turbado.
Tiene el Gobierno la oportunidad de restablecer su autoridad y comprender que, de no hacerlo, dejará huérfano de confianza lo que se llegue a firmar en La Habana.