Ya vamos para el primer mes de este fatídico paro y no se ve luz del otro lado del túnel de la línea de fuego. Seguimos secuestrados en nuestras propias residencias, esperando a ver qué pasa.
Ese es nuestro tema: esperar a que los demás arreglen el problema, porque nosotros, los ciudadanos de a pie, inermes espectadores de esta tragedia, no podemos hacer nada distinto de montar guardia con palos de escoba a la entrada de nuestros conjuntos mientras retumban los petardos y las papas bombas fabricadas en los laboratorios universitarios y aguantarnos respirar un aire mezclado con químicos que expelen los gases lacrimógenos que a duras penas puede lanzar la policía para defender a la gente del accionar de los vándalos. Algunas personas de bien han optado por armarse y en circunstancias de extremo desespero apretar el gatillo de sus armas para defender su vida y bienes, frente a la ausencia e impotencia de un Estado que tiene orden de evitar la confrontación.
Emilio Sardi, vicepresidente de Tecnoquímicas, en su columna del diario El País del miércoles pasado, alarmado, refiere la pérdida de vidas humanas, enfermos terminales que no pueden ser atendidos, pacientes que mueren en ambulancias frenadas por el bloqueo criminal y pérdidas económicas de $ 10 billones y en lo que toca con los nuevos dueños de la nación, que él llama “El Comité de la Muerte”, nos recuerda que sus líderes son los representantes de las centrales sindicales que agrupan a cerca de un millón de personas, apenas como el 4% del colectivo laboral formalmente ocupado en Colombia.
Jorge Borrero, abogado emprendedor, metido en la agroindustria de la palma de aceite en el Meta, también ha puesto el grito en el cielo, por las enormes dificultades de comunicación de los cultivos con las plantas extractoras para continuar el proceso productivo que permita el curso normal de la cadena alimentaria. Y a la par con los demandantes de empleo, los más perjudicados vienen a ser los propios ofertantes, que ven castigados sus ingresos por la fuerza mayor que suspende e impide la actividad empresarial, trabajadores que están por fuera de los paros, que sólo quieren trabajar para llevar alimento a sus familias.
Triste panorama cuando las minorías, por las vías de hecho, pretenden negociar su “pliego de peticiones” y sustituir la Constitución Política a punta de bloqueos y machete, sin siquiera depositar una séptima papeleta, como aquella sana propuesta estudiantil que nos condujo a la benevolente y, en materia de derechos humanos fundamentales, garantista CP de 1991. Aspiran negociar a la brava, con un gobierno inerme, atónito, que plantea escuchar. Ya lo había dicho antes la guerrillerada: “más vale ser peligroso que rico” y con ese mero expediente quieren acabar con el país.
Post-it. La manifestación pública de Marquetalia - Toma II, anunciando la muerte del comandante Santrich es más sospechosa que una monja con colorete. Hasta que no muestren el cuerpo del finadito nadie lo va a creer; recordemos que se voló del país, siguió delinquiendo y ahora, que ordenan su extradición, pretende hacerse el muertico, para revivir con otra identidad y con gafas más oscuras.