MARTA LUCÍA RAMÍREZ | El Nuevo Siglo
Miércoles, 7 de Marzo de 2012

El ‘cuasi’ desafuero frente al fuero

Como registra el Diccionario de la Real Academia, la palabra cuasi se define como ‘casi’ o ‘por poco’. En cuanto a desafuero, el Diccionario indica aquella ‘acción contraria a las buenas costumbres o a los consejos de la sana razón’.
La aleación de dichas palabras permite aludir al complejo y espinoso contexto que enfrenta el Gobierno en relación con el fuero militar y, a decir verdad, es una situación que va generando día a día posiciones más radicales tanto por quienes consideran que su inclusión en la reforma judicial mina la imagen y los compromisos internacionales ratificados por el Estado colombiano en materia de derechos humanos; como por parte de quienes creen que frente al DIH hace falta una reglamentación integral que brinde real seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.
No debemos olvidar que nuestros militares están expuestos no sólo al riesgo de caer en combate, sino a la amenaza de la guerra política que se cierne sobre ellos por parte de sectores de la izquierda radical que tienen una bien trazada estrategia de deslegitimación del Estado colombiano, con el apoyo muchas veces ingenuo o, al menos desinformado de algunos sectores de opinión nacional e internacional. Es lamentable que después de seis años aún no se haya corregido el acuerdo desafortunado entre la Fiscalía y el Ministro de Defensa en esta materia.
Sin embargo, a estas alturas y ante las posiciones radicales que podrían traernos consecuencias internacionales indeseables, considero que es más conveniente el proyecto integral propuesto por la comisión de expertos, que la sola incorporación algo precipitada y marginal de un articulo en la polémica reforma a la Justicia, por obra del cual se establece una presunción de que todos los actos cometidos por uniformados del Ejército o de la Policía corresponden al servicio y, por ende, que cualquier irregularidad, habrá de ser investigada por la Justicia Penal Militar, antes que por vía de la Justicia ordinaria.
Los lineamientos del DIH despejan, en buena medida, las dudas sobre el alcance y la legitimidad del accionar militar en el marco de un conflicto armado interno y sirven para entender que es absurdo pretender que en un conflicto las fuerzas del Estado se limiten a responder a los ataques, cuando por el contrario lo que dio mayor efectividad a la Política de Seguridad Democrática fue precisamente la mayor iniciativa de ataque que se dio a las FF.MM. sobre todos los grupos terroristas y actores armados ilegales del país. Por supuesto que al proponer el retiro del artículo antes mencionado, el tratamiento integral del fuero y la justicia penal militar no se limita a definir las competencias entre las órbitas civil y penal militar, sino requiere una armonización del orden jurídico penal nacional y de los preceptos del DIH, para de una vez por todas, reconocer la capacidad ofensiva de las Fuerzas Militares y la legitimidad de atacar con sorpresa al enemigo.
Pretender que solo pueden responder luego de ser atacados para alegar la legítima defensa, sería permitir a sabiendas que los terroristas y narcotraficantes continúen penetrando sigilosamente la institucionalidad y la sociedad colombiana en lugar de darle más herramientas de rechazo esa institucionalidad, que por demás están consagradas en la Constitución Nacional.
No se trata, en absoluto, de que haya impunidad. Por el contrario, debe haber una posición clara e indeclinable con sanciones drásticas para garantizar el más absoluto respeto a los derechos humanos por parte de los uniformados en Colombia. Los expertos plantean una reforma integral a la justicia militar para fortalecerla con reglas de juego claras, procedimientos técnicos y especializados mas no preferentes ni privilegiados. Bien haría el Gobierno en oír la opinión de los militares retirados en Acore y trabajar con ellos en la búsqueda de lo que más convenga con una visión de largo plazo a la seguridad jurídica de nuestra fuerza publica y a la mayor legitimidad del Estado de Derecho, como lo dejamos escrito en el 2002 en la Política de Seguridad Democrática.
Como dicen por ahí ¡más vale tarde que nunca pero por favor aceleremos el paso!