Denuncias de no acabar

Si hablamos del máximo botín de guerra conseguido por un bando, posiblemente, más allá del oro, otros minerales, mujeres -triste e infortunadamente-, la respuesta es la tierra. Y es que cualquier actividad que realiza la humanidad transcurre en un espacio físico concreto, bajo un territorio establecido con normas sociales y culturales, junto con procederes económicos y políticos específicos.

Civilizaciones antiguas tenían un acercamiento especial hacia la tierra, y los fisiócratas, en el siglo XVIII, le asignaban a la actividad agrícola todo el valor generado dentro del sistema económico. Por otra parte, los colonizadores han existido desde siempre y se ha recurrido a todo tipo de estratagemas y acciones para apoderarse del espacio, en muchos casos haciendo palidecer a las poblaciones previamente asentadas donde la violencia es el método de mayor uso.

Muchos han sido los flagelos que campesinos y trabajadores del agro han sufrido a causa del deseo de la tenencia de mayores extensiones de tierra de terratenientes y colonos, y no necesariamente para destinarlas hacia actividades productivas, y de esto, Colombia no ha sido la excepción: matanzas, desplazamientos, despojos son ejemplos de las atroces actuaciones de grupos ilegales y, aún más escandaloso, de actores que operan dentro del marco legal.

La Superintendencia de Notariado y Registro publicó la manera bajo la cual, a través de mecanismos judiciales, con las modalidades de “coacción, constreñimiento, falsedad o suplantación”, personajes de diferentes sectores, incluyendo trabajadores del Incoder,  Incora y de la propia Super Notariado, se hicieron con el 20% de baldíos en el país, siendo 600.000 hectáreas del Estado y 400.000 de particulares.

Los despojos judiciales denotan la debilidad de nuestras instituciones, los incentivos hacia actuaciones de corrupción por parte de empleados públicos y la pérdida de valores como la solidaridad, cooperación y empatía.

Las cifras de despojos son alarmantes y un fenómeno que ocurre en todo el país. Antioquia encabeza la lista con el número de municipios con mayor registro de esta desventura (111), seguido por Cundinamarca con 65 y Norte de Santander con 57. En total hay 2.258.762 hectáreas que se registran como arrebatadas tanto por ‘legales’ como ilegales, con 31.318 registros de solicitudes ante las autoridades.

La legislación actual en defensa de los despojados solo reconoce su condición desde 1991, dejando de lado un amplio margen de horrores cometidos en el pasado, aunque no lo reconozcan, por parte de grupos guerrilleros.

Para el proceso de recuperación de los baldíos, lo importante es lograr tres procesos: i) una recuperación efectiva para el Estado y los desplazados, para emprender actividades productivas en dichas tierras. La recuperación de territorio dominado por años de guerra debe ser un paso fundamental para asegurar el desarrollo social y económico del país. ii) un fortalecimiento de las entidades encargadas de la defensa y protección de los derechos de los campesinos y de los habitantes de zonas rurales. La reducción del espacio para la corrupción es fundamental para asegurar la competitividad del sector público y ganar la confianza de la ciudadanía. iii) la severidad de las leyes contra los despojadores debe generar desincentivos a cometer tales actos, además de un plan que refuerce la construcción de ciudadanía para que toda la sociedad vigile y defienda a quienes son víctimas de diferentes atropellos.