Elemento de integración
A escala mundial, la globalización ha generado distintas interconexiones y dinámicas que se traducen en un gran desafío para los mercados y, en particular, para los Estados en la actualidad por la forma como deben estructurarse de cara a las demandas sociales y económicas. Ello, entre otras cosas, ha llevado a lo que se conoce hoy día como una “ola de innovación gubernamental” que, en esencia, busca dinamizar las instituciones a partir de su organización, como también desde la perspectiva de gestión humana y tecnológica. Un reto que involucra una articulación integral que debe iniciarse como un proyecto colectivo nacional por vía de los incentivos necesarios para el funcionamiento eficiente, proactivo y sistémico que requiere la sociedad. En el caso colombiano, el TLC firmado con Estados Unidos establece, sin duda, nuevos retos en la agenda nacional.
Así se reconfigura el papel del Estado, no ya solamente como promotor de las alianzas público-privadas que promueven una mayor competitividad, sino como vehículo eficiente y eficaz en materia de políticas públicas. Esto permite llevar a cabo reformas administrativas y crear, a su turno, “mejores prácticas” en los sectores.
Desde la ciencia de la administración pública, las reformas administrativas buscan el mejoramiento del desempeño operacional del sector público y del aparato administrativo central en general, creando mayor efectividad tanto en las organizaciones públicas como privadas, la economía, la provisión de bienes y servicios públicos y el bienestar social de los ciudadanos. Son indispensables las herramientas de gestión, evaluación y rendición de cuentas, para lograr identificar falencias y virtudes del sistema que verdaderamente garanticen transparencia.
En la mayoría de países emergentes, esta transformación se ha basado en las alianzas público-privadas, conforme a las cuales se ha logrado un consenso de estrategias a largo plazo, apoyando actividades innovadoras y emprendedoras en los distintos sectores. Colombia no podía ser la excepción. Al respecto, valga apuntar la reciente reforma administrativa con un paquete de más de 70 decretos, el desarrollo e implementación del programa “Gobierno en línea”, la Ley anti-trámites y el programa de transformación productiva, todo esto liderado por el Gobierno Nacional.
La clave, sin embargo, no es la reformulación legal del andamiaje institucional del Estado. Por el contrario, se trata de articulación institucional y direccionamiento eficaz y material de las medidas. Igualmente se echan de menos las labores de complementariedad para que tanto los esfuerzos regionales y locales como los nacionales generen resultados positivos al corto, mediano como largo plazo.
Es de resaltar que no sólo se deben integrar dos sectores (público-privado), sino también a la academia (centros de investigación), que involucra un eje fundamental de la competitividad para el crecimiento de la sociedad, pues facilita la creación de valor agregado. Esta triada ha sido objeto de la investigación de muchos autores, que afirman que con esta interconexión, el conocimiento y desarrollo tecnológico acercarán a los países al desarrollo sostenido.
De ahí la importancia de que Colombia imprima valor agregado mediante el fortalecimiento institucional, integrando la política de productividad y competitividad con la triada (público - académica- privada), revitalizando así todas las estructuras políticas e institucionales del Estado colombiano, eje del crecimiento moderno y la competitividad internacional.