Con “bombos y platillos” en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional se anunció esta semana la presentación de un proyecto de ley al Congreso para crear el nuevo ente estatal, el súper Ministerio de la Igualdad y la Equidad, para lo cual no conocemos ningún estudio técnico o económico que lo justifique; lo único que sabemos es del embeleco de la vicepresidenta, que todavía cree que los problemas del país se solucionan creando ministerios y aumentando la cuenta del Estado.

La igualdad, la no discriminación, la equidad, deben ser políticas de Estado que deben cumplir todos los ministerios y que mejor propuesta que asignarle la vigilancia, el seguimiento de estas políticas a la vicepresidencia de la República, que según la Constitución no tiene nada que hacer distinto a esperar a ver si le pasa algo al presidente -no lo quiera el destino y la providencia lo guarde-.   Dice la Constitución que el presidente puede confiarle misiones o encargos especiales a la vicepresidencia o designarla en cualquier cargo de la rama ejecutiva, por ello, prácticamente se ha desempeñado en el pasado como una especie de Consejería para varios temas importantes, como los derechos humanos y este podría ser uno de ellos.

Sin embargo, lo que se quiere hacer ahora con el cargo es algo muy distinto y sin antecedentes; se quiere crear una cartera a la medida de las ambiciones políticas de la hoy vicepresidenta, que será transversal en sus competencias, frente a los diez y seis ministerios actuales. Se pretende que la vicepresidenta ejerza control y vigilancia a todo lo relativo a la inversión social y al gasto público de todos los ministerios que serían sus subordinados; nuevo engendro administrativo que crea una vicepresidencia actuante, contrariando la Constitución, o suplanta las labores de la Procuraduría, también en contravía de la Carta.

La tarea del vicepresidente no es la competir con el presidente en la dirección del Estado, ni la de recelarlo o estarle demandado la participación en las decisiones y en la burocracia estatal, por más elección popular que haya mediado en la designación de la vicepresidencia, o porque le haya aportado un caudal importante de votos a la elección del presidente.

Ya se dan codazos los áulicos del gobierno en el Congreso para presentar ponencia adornando el nefasto proyecto que crece la cuenta del Estado. Se dice que el costo de su funcionamiento podría estar por el orden de los cien mil millones de pesos anuales. Comenzamos este nuevo ejercicio democrático con 16 ministerios, y parece que vamos para 18 con una nueva cartera para la paz entre otras anunciadas, además, de la creación de una nueva jurisdicción agraria para tener una Corte de bolsillo, cuya primera camada será elegida por este Congreso.     En el gobierno del cambio deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario.  Con razón nos tienen que aumentar los impuestos.