Por muchas razones Medellín -y sus alrededores antioqueños es una de las regiones más competitivas del país; pero si hay que destacar alguna de ellas, es precisamente la solidez de sus instituciones; porque los empresarios se han preocupado siempre de lo público para no dejarlo a la deriva de lo político; porque los políticos, saben de la importancia de contar con el apoyo del sector empresarial; porque todos los ciudadanos están dispuestos a colaborar con el servicio público cuando se les llama; porque la educación en todos los niveles es el centro para el desarrollo regional; porque los gremios profesionales y empresariales aconsejan y se les escucha cuando se trata de precautelar el patrimonio público que es de todos.
Por ello, nada más absurdo, que los argumentos que escuchamos y leímos en el fin de semana, para explicar los claros errores del Alcalde de Medellín y del Gerente de EPM que motivaron la renuncia masiva de la Junta Directiva de las Empresas Públicas. Insinuar que por interés del GEA -Grupo Empresarial Antioqueño- no se podía llevar a Junta la decisión de presentar una demanda contra los constructores y aseguradores de la obra de Hidroituango[JAAP1] , es completamente ajeno a la realidad y demuestra un desconocimiento supino de nuestra ciudad y de sus gentes. En primer lugar, en la saliente Junta de EPM no había ningún miembro de lo que se conoce como el GEA, ni en las empresas constructoras y aseguradoras hay empresas pertenecientes a dicho grupo. Es una falacia de una mente presurosa en sus razonamientos.
Más pueril el argumento de que los temas no eran competencia de la Junta Directiva; una demanda por 9.9 billones de pesos y la ampliación del objeto social, es decir, cambiar el propósito teleológico de la empresa; si estos temas no son competencia y no se llevan al concejo corporativo, entonces ¿qué es lo que se lleva?
Pero más grave aún es la torpeza que se vislumbra en la inconsulta decisión. La aseguradora Mapfre había reconocido pagar 5.3 billones, cubriendo los daños del derrumbe del túnel y la filtración de aguas subterráneas, aceptando que no había sido posible preverlos y considerándolos fuerza mayor; los que serían pagados en su totalidad en febrero de 2021. Con la decisión de demandar, por casi el doble, por supuesto, que ya no los va a pagar y el pleito puede duran unos diez años como mínimo en la jurisdicción contenciosa; recursos que de llegar, servirán para otras generaciones, si es que encuentran a quien cobrarle la sentencia. No se diga con ingenuidad sólo se está llamando a una conciliación, de lo que ya estaba conciliado. Están en el preámbulo de un enorme, demorado y difícil litigio.
Los daños que la mala decisión ocasiona a la empresa son aterradores. Por lo pronto, la calificación Fitch Ratings de riesgo de inversión la ha puesto como una empresa muy riesgosa, desalentando a los inversores y bajándole su capacidad de endeudamiento. Ni que decir con los bonos de EPM y su desplome en el mercado. El pánico económico que se genera le es imputable a quienes tomaron las equivocadas decisiones, no a la Junta que renuncia como reacción elemental cuando le desconocen sus atribuciones. A mala hora los miopes politiqueros se apoderan de lo público.