Visto desde una perspectiva no legalista sino de legitimidad ante la ciudadanía, la justicia funciona cuando su imparcialidad política es incuestionable. Como escribió Thierry Ways en El Tiempo, la comparación entre el tratamiento proferido al expresidente Álvaro Uribe y a alias Jesús Santrich deja dudas sobre la imparcialidad de la Corte Suprema. Esto introduce a la política colombiana un nuevo elemento de peligro.

Mientras tanto, cada día es más evidente el peor aspecto del acuerdo entre Juan Manuel Santos y las Farc, un convenio para repartir el poder y el botín del Estado, no para traer paz; con miles de hombres armados engrosando las filas de las “disidencias”, paz claramente no hay. En específico, me refiero a las curules no electas que ocupan las Farc en el Congreso, hecho que viola la igualdad de condiciones electorales para todos los partícipes en el proceso político. Este es el principio fundamental de la democracia constitucional, hoy quebrantado.

El problema intrínseco de las curules a dedo es que la justicia tiene que seguir adelante en todas sus facetas sin que surja la percepción de que es estricta con unos y laxa con otros. Esto difícilmente se logra mientras el premio visible por el terrorismo sean escaños gratis en el Senado y en la Cámara de Representantes. Donde debe regir Temis con su balanza, muchos ven las sentencias inicuas de Hesíodo.

Asumo que el expresidente Santos reconocía este hecho cuando aseguró en el 2015 que “no habrá curules gratis” para las Farc. Supongo también que decidió ceder en este punto fundamental cuando el tiempo se agotaba y pensaba que, sin importar el componente faustiano de su pacto, era inevitable su victoria en un plebiscito.

Luego vino el 2 de octubre del 2016. La posterior ratificación del acuerdo que rechazó la mayoría del electorado fue un acto legal que careció de legitimidad política.

Una consecuencia ignorada de los últimos acontecimientos es que, una vez más, todo el debate nacional gira alrededor de una sola persona. He mencionado en este espacio las numerosas coincidencias económicas entre la izquierda y el uribismo, entre ellas el apoyo al impuesto al patrimonio, la renta básica, el incremento del gasto público, el aumento de la deuda, los aranceles, el proteccionismo y la oposición a las plataformas tecnológicas de transporte.

De repente, desaparece de vista el consenso entre la izquierda y la percibida derecha en torno a los asuntos fundamentales. Se pierde de vista también que sólo el crecimiento económico sacará adelante a Colombia. El Estado debe limitarse a cumplir sus labores básicas- incluyendo la administración de la justicia- sin entrometerse en la generación de bienestar que les compete a los creadores de riqueza en el ámbito privado. 

Más allá de la controversia del día, todos los sectores políticos del país, unidos alrededor del intervencionismo estatal, impiden que surjan muchos más empleos, más prosperidad y más bienestar para la mayoría de ciudadanos. La discusión ad nauseam acerca de fallos judiciales y personalidades políticas sólo nos empobrece.