La agenda ambiental será determinante en la escena pública internacional y se verá reflejado en buena parte de las decisiones que tomen los países. El Acuerdo de Escazú es un esfuerzo regional de las naciones latinoamericanas que apunta a la creación de un mecanismo de cooperación multilateral, cuyo eje es la participación efectiva de la sociedad en la toma de decisiones ambientales y el acceso a información en esta materia, en sintonía con los objetivos y metas de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para Colombia, ese esfuerzo por procurar un mayor acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales es una necesidad mayor, máxime cuando es considerado el segundo país más inseguro para el activismo ambiental, con 64 de las 212 muertes de líderes ambientales que se registraron en el mundo en 2019.

En el país, la ratificación de este instrumento podría fortalecer el marco normativo en materia de participación y preservación del medio ambiente, estableciendo el mandato de protección por parte del Estado a quienes defienden estos derechos sujetados a tres aspectos fundamentales: la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia, aspectos que aquí son vulnerados de manera sistemática, en particular en regiones más apartadas. Es imperativo el fortalecimiento de los espacios y mecanismos de diálogo y confianza con los diferentes sectores sociales, como es el caso de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental y de las comunidades que abanderan causas por los recursos naturales, que merecen garantías y protección.

Existen, por supuesto, voces contrarias al Acuerdo que sostienen que pondría en riesgo proyectos de desarrollo, aumentaría la complejidad y cantidad de los trámites como licencias ambientales y sometería la explotación minera o agrícola con alguna clase de impacto ambiental al mandato de las consultas previas. Sin embargo, como se ha aclarado, el tratado profundiza disposiciones legales y constitucionales ya vigentes, además de fortalecer la articulación de las medidas de protección ambiental existentes y es el camino para lograr otros consensos pendientes en temas ambientales y de derechos humanos.

El Acuerdo de Escazú no es perfecto, como la mayoría de los tratados multilaterales, donde las partes conceden y ceden para lograr que exista una visión común, pero brinda una serie de herramientas que son fundamentales para democratizar la agenda ambiental de los países, avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar para esta y las próximas generaciones la preservación de los recursos naturales. Esos estándares mínimos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental y en la gestión de recursos naturales lo hacen un tratado conveniente para un país como Colombia.

Respecto a su aprobación, cabe señalar que han transcurrido tres meses desde que el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley de ratificación de este tratado con un mensaje de urgencia y no se ve con claridad que el trámite termine de manera exitosa en el Congreso. Colombia necesita fortalecer su institucionalidad ambiental y estamos frente a una oportunidad de generar nuevos mecanismos de coordinación y articulación para lograrlo. Ojalá no se termine esta primera parte de la legislatura en diciembre con la noticia que el Acuerdo de Escazú será archivado.