Ayer hace un año ganó el No en el plebiscito convocado por el Gobierno Nacional como mecanismo para refrendar el acuerdo suscrito con la guerrilla de las Farc. Después de intensos debates sobre los acuerdos, y ante la ausencia de consenso alrededor del contenido de los mismos, el Presidente Santos se vio en la obligación de consultarle al pueblo, argumentando que los colombianos tendrían la última palabra sobre el acuerdo de paz. Finalmente convocó a un plebiscito cuyo resultado fue desconocido.

Santos no buscó un amplio consenso nacional para negociar con la guerrilla de las Farc, por el contrario, quiso utilizar la paz como una bandera contra la oposición, señalándola de oponerse a ese loable propósito. Esa fue la única manera de alcanzar su propia identidad y de conseguir el apoyo de la izquierda y los sectores adversos al uribismo para poder gobernar.

En medio del debate sobre los riesgos y costos para el país, el Gobierno tuvo que acudir a la refrendación popular con el ánimo de validar lo acordado y eludir su responsabilidad sobre las concesiones a las Farc. El mecanismo utilizado, a conveniencia, fue el plebiscito, en lugar de un referendo o una constituyente, los mecanismos contemplados por la propia Constitución para hacer reformas estructurales que requieren la aprobación del constituyente primario. Como si fuera poco, cambiaron las reglas del juego bajando el umbral del 51 al 13%, volcaron todo el aparato estatal al servicio del SI.

A pesar de tan desigual campaña y contra todo pronóstico, el No se impuso en las urnas. Ganó el No, y en democracia decide la mayoría, entendida como la mitad mas uno. El pueblo se pronunció, ante una pregunta tendenciosa ¿Apoya sí o no la paz?, los colombianos dijimos no y ese resultado fue desconocido por nuestro propio gobierno.

Sin entrar a debatir si el Acuerdo fue bueno o malo -que por supuesto es malo- haber desconocido la voluntad popular genera unos efectos nocivos para la democracia. La expresión de la ciudadanía es un mandato de obligatorio cumplimiento, haberlo desconocido, reduce el valor del voto a cero, al perder su carácter vinculante para los Estados. Así mismo, se convierte en un factor de abstención electoral y de desconfianza del ciudadano frente al sistema democrático, en la medida en que el gobierno se abroga el derecho a gobernar en contra del mandato popular.

En democracia las formas son tan importantes como los contenidos, los procedimientos son el método fundamental para dirimir conflictos y por eso impera la regla de la mayoría. Aunque el fin sea aparentemente loable, no está justificado romper las reglas fundamentales del juego, pues sienta el perverso precedente de que cualquier medio es válido si el fin lo justifica y habilitando a gobiernos ulteriores a utilizar el mismo mecanismo.

Cuando no hay consenso hay que acudir a las mayorías, las imposiciones contrarias constituyen violencia al carecer de legitimidad y se hacen insostenibles cuando se agotan los medios materiales que las ejecutan. Es decir, finalizado el Gobierno Santos el pueblo colombiano no está obligado a respetar un acuerdo contrario a su voluntad. Y en democracia no hay nada ni nadie por encima del pueblo.

@SamuelHoyosM