Iniciamos semana con el anuncio del ministro de Justicia, Néstor Osuna, de que el gobierno del progresismo y el cambio legalizará los vientres de alquiler. Hace seis meses la Corte Constitucional ordenó despejar el limbo jurídico de tal práctica y el gobierno, bajo la batuta del ministro, optó por la mercantilización del cuerpo femenino. El petrismo, que desde su doctrina económica más básica ha criticado los postulados de un libre y descarnado comercio, hoy quiere dejar la mujer y la vida que inicia en sus entrañas al vaivén de los mismos. Es inaudito que quienes se han preciado de velar por el bienestar mental y social de ellas, y de la ciudadanía en general, estén promoviendo firmar un contrato para el embarazo subrogado.

Hace ocho meses me convertí en mamá por primera vez y todavía tengo a flor de piel la sensibilidad que deja este proceso. Sí, porque cuando se da a luz, el cuerpo sufre numerosos cambios que tardan meses, incluso años en revertirse, si es que alguna vez ocurre. Experimentamos transformaciones tanto físicas como emocionales. Gestar un ser humano implica muchos sacrificios corporales como subirse varios kilos, dolores de espalda, insomnio, caída de pelo, encías sangrantes, incontinencia urinaria y hasta depresión, por mencionar solo algunos. Por eso, independiente de la genética, esa criatura termina siendo parte de uno.

El proyecto que anuncia el gobierno plantea que, a través de un contrato, la madre entregará al neonato a cambio de una remuneración económica, sin ningún derecho posterior a reclamar si cambia de decisión. ¿Alguien considera factible que no haya quién se arrepienta de entregar al bebé con el que se ha relacionado nueve meses y por el que ha sacrificado su propia sanidad? ¿Despojarla de su derecho a retractarse no viola el derecho básico y natural de la vida en relación madre-hijo?

¿Cómo siendo consciente de los cambios y emociones que trae la maternidad se puede pensar que ésta puede ser sujeta a una transacción meramente comercial?

Quienes están a favor de esta práctica argumentan que las mujeres son libres de hacer con su cuerpo lo que quieran. Llevada esa justificación hasta el final implica que estas personas también están de acuerdo con la prostitución, la venta de órganos o, incluso, en contra del salario mínimo. En muchos de estos casos el Estado impone como límite la dignidad humana. Por más que usted quiera emplearse en condiciones indignas y una remuneración paupérrima, el Estado no se lo permite para proteger a los más débiles y desfavorecidos de los abusos de un sistema económico que trae consigo relaciones inequitativas.

La mayoría de las mujeres dedicadas o dispuestas a alquilar su vientre son de escasos recursos y ven en esta práctica la única posibilidad de dar de comer a su familia. La voluntad individual de la que hablan quienes defienden este “contrato” no existe en la realidad, pues está condicionada por limitaciones materiales y realidades sociales. Sin embargo, tristemente en Colombia queremos estar dentro de los países que todavía creen que el cuerpo de la mujer es una mercancía que se puede negociar sin proteger su dignidad. Otros gobiernos progresistas de verdad como Francia, Dinamarca y España, por mencionar solo algunos, han prohibido rotundamente esta práctica ¿Qué nos lleva en Colombia a querer legalizarla?

Mi experiencia como madre es meramente anecdótica, pero es la visión de quien acaba de atravesar el duro proceso de gestar a una niña y que ve como descarnado e inhumano considerar que la experiencia de dar vida pueda estar sujeta a una transacción económica. Por la niña que traje al mundo y tomé la decisión de educar, amar, respetar, alzo mi voz para que el cuerpo de las mujeres se respete y se proteja del capitalismo descarnado que ve cualquier cosa como transable. Así que, ministro Osuna, ¡abramos el debate!