Se sorprendió el país la semana pasada con las declaraciones de Iván Márquez y los demás guerrilleros prófugos en Venezuela: Santrich, “El Paisa”, entre otros, donde anuncian que vuelven a las armas, refundan las FARC y restablecen la nueva Marquetalia, todo ello con unas irrisorias y trasnochadas justificaciones políticas izquierdosas, donde acusan a las instituciones y a la clase gobernante en Colombia de no querer hacer la paz. ¡Puro cuento!
Las reales razones de la disidencia la conocen todos los colombianos; no son las cuestiones políticas que argumentan en su discurso; los señores Márquez y Santrich, que negociaron y firmaron la paz en La Habana, cogieron “las de Villadiego”, al ser sorprendidos in fragante delito de tráfico millonario de estupefacientes, para ser introducido a los Estados Unidos de América, después del 1 de diciembre de 2016, fecha de la firma de los acuerdos. Con ello, sin lugar a duda, perdieron todos los beneficios concedidos a los ex miembros de las Farc, salieron además de la jurisdicción especial para la paz JEP, que no tiene ya competencia para juzgarlos y pueden ser extraditados a los Estados Unidos, donde los requieren en los tribunales para que respondan por sus delitos. Las pruebas rebosan; todos vimos los videos, supimos de las declaraciones en USA del sobrino de Márquez, leímos los indictment de los tribunales americanos, etc.
Los únicos que no se dieron cuenta fueron los jueces de la JEP que se enredaron en las formas, buscando verificar una fecha que sola se delataba y exigiendo unas pruebas, sin competencia para ello. En su conciencia llevaran los nuevos delitos que en el futuro cometa el requerido en la extradición, que no lo fue por su culpa. En los anales de muestra historia quedó registrada la candidez de la justicia. Ahora sí, corrieron a sacarlos de la JEP y a pedir su detención. Que ingenuidad, ¡cuando lo tenían en las manos! Ya están protegidos en Venezuela y nos los saca nadie. El juez tiene la obligación con la sociedad de no ser incauto y de ser oportuno.
Pero más incautos parecen algunos dirigentes políticos que inmediatamente salieron a proponer un acuerdo nacional para sortear la “crisis”, demostrando un dechado de oportunismo o de ingenuidad, proponiendo transformar en político, un hecho delincuencial. ¿Qué más acuerdos políticos se requieren? o ¿es que van a seguir en las mismas cada vez que un ex guerrillero vuelva a la delincuencia, y suelte tres frases revolucionaras, para que nuevamente el sistema colombiano se excepciones y le garantice impunidad? El problema ya no es de acuerdos políticos, ya tuvimos bastantes y bien generosos, lo que se requiere ahora es la acción de Estado para reprimir y sancionar la delincuencia.
Ya no estamos frente a un asunto de tratamiento político, nos encontramos frente a un hecho delincuencial, una reincidencia de ex guerrilleros, que los llevo a ello por la circunstancia de haber sido sorprendidos cometiendo delitos después de firmada la paz. La única respuesta que la sociedad le acepta al Estado es que proceda conforme a la ley y que desatienda los “cantos de sirena” que quieren seguir en negociación indefinida.