El próximo 7 de agosto toma posesión como presidente de la República el Dr. Iván Duque, a quien conocemos como persona honesta y vertical que -esperamos- sin perjuicio de los derechos de la oposición, sea apoyado por los partidos, por el Congreso y por la ciudadanía, respecto a los grandes problemas nacionales –que a todos nos afectan-, para brindar al país eficaces fórmulas de solución que permitan cristalizar los propósitos del Estado Social y Democrático de Derecho.
Es indispensable que -sin necesidad de destruir, desconocer o incumplir lo acordado por el actual gobierno en desarrollo del proceso de paz-, se proyecte e introduzca los correctivos que merecen varias normas dictadas en desarrollo del Acuerdo Final. Como todo se aprobó bajo el apremio y la presión del Ejecutivo, en virtud de un procedimiento acelerado (“fast track”) y sin independencia del Congreso -porque el objetivo oficial, más que en la realidad y sostenibilidad de la paz, estaba puesto en la apariencia de éxito ante la comunidad internacional-, se provocó un caos normativo que ha conducido a la gran inseguridad jurídica hoy existente, particularmente en materia de justicia y en lo relativo a la necesaria satisfacción de los derechos de las víctimas y de muchos desmovilizados.
Asuntos como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los linderos de su competencia -que no puede ser omnímoda-, las reglas de juego claras acerca de los procedimientos y de los sujetos sometidos a ella, así como su aconsejable integración a la jurisdicción ordinaria, deben ser cuidadosamente examinados, con criterio jurídico coherente y debidamente informado.
Pero ese no es el único asunto -muy complejo- que debe enfrentar el nuevo jefe del Estado. El territorio está infestado de coca, y los erróneos y permisivos criterios judiciales acerca de la dosis personal han dejado libre el camino a los narcotraficantes para que sigan corrompiendo a la niñez y a la juventud.
Por otro lado, el Gobierno debe enfrentar la realidad en materia económica –que no es tan buena como nos dicen- y superar el engañoso sistema informativo oficial en materias como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, las cárceles y el orden público, que están lejos del paraíso descrito por el Gobierno.
Igualmente, nos deben decir la verdad acerca de las equívocas cifras gubernamentales en el campo laboral, pues -entre otras cosas- pretenden mostrar como halagüeña y real una tasa de disminución del desempleo real sobre conceptos formales o aparentes, como el denominado “empleo no remunerado”.
Muchas fueron las equivocaciones gubernamentales y legislativas en materia tributaria; la enorme carga que soportan las empresas, los profesionales independientes, la clase media y las familias, tiene que ser objeto de estudio, para proyectar unas reformas de trascendencia, que sean democráticas y razonables.
Al desear al gobierno entrante los mayores éxitos en su gestión, le aconsejamos que la emprenda con base en los valores y principios de la democracia, con enfoque realista, en beneficio de los más pobres y de las regiones abandonadas.