No puede ser más paradójico, mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (Fncer), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera
de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra-venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, está empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a obstáculos que lo han impedido.
En efecto, Bloomberg NEF (por sus siglas en inglés), un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope (o climascopio en español), fechado el pasado 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances alcanzados en materia de Transición energética y en descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables y limpias, particularmente la eólica y la solar - fotovoltaica, aprovechando el potencial de las mismas que ofrece el Caribe colombiano, en especial el departamento de La Guajira.
No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado de la inversión y los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el que yo no he dudado en calificar como el nudo gordiano del desencuentro entre las empresas desarrolladoras de los mismos y las comunidades indígenas, que ha impedido superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se debe tramitar.
Y mientras este paso no se surta el Grupo Energía Bogotá, que tiene a su cargo la instalación de la estación colectora en el Municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), en donde empalmarán las líneas de transmisión con el SIN.
De la misma manera que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha anunciado y se ha propuesto a destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético está requiriendo a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en sólo anuncios.