En Colombia estamos viendo cómo los factores conservadores de poder que toda sociedad debe tener para que sobreviva la democracia y mantener la paz, se tornan negativos. En democracia es fundamental que los organismos de control sean independientes, incluso que en algunos casos los maneje la oposición. Es esencial que la división de poderes se respete y al permitir que los organismos de control queden en manos de agentes del poder ejecutivo, la veeduría a la acción gubernamental desaparece.
La elección del veterano secretario del Congreso, Gregorio Eljach, como Procurador, candidatizado por el presidente de la República Gustavo Petro y elegido casi por unanimidad, es buena para el gobierno que está en un esfuerzo por copar las instituciones de control y mala para la sociedad democrática del país. El candidato ha estado colaborando en el Senado desde cuando hace años entró a la unidad legislativa del senador Aurelio Iragorri, y se le reconoce por ser competente y eficaz. Más lo que cuenta en este momento no es que sea un buen funcionario, sino que no esté al servicio del gobierno que debe vigilar.
Si el contralor, el registrador o el fiscal general, son impulsados por el gobierno, la cosa es mala en especial para la misma administración, que es la primera que debe atender que esos cargos los ocupen elementos respetables que le sirvan a la nación con imparcialidad y competencia. La separación de poderes es esencial para el mismo gobierno, puesto que los funcionarios que llegan a esos cargos y se les entrega una poderosa burocracia para investigar y evitar que grupos de poder sin escrúpulos se tomen el Estado por asalto. Lo contrario, que es lo que estamos viviendo, hace vibrar las alarmas de la democracia. En especial cuando se constata que hasta los partidos de la oposición avalaron la elección del candidato del gobierno en ese organismo de control.
Algo similar ocurre en la Fiscalía General, que se supone debe ejercer con independencia su misión. La Fiscalía la propuso el estadista conservado Álvaro Gómez Hurtado y logró que se creara, en especial con la idea de que ese ente, al que se le entregó un poder inmenso, pudiese combatir a las mafias. Gracias a la Fiscalía los golpes contra los mafiosos y carteles de mayor poder en el país en su momento fueron contundentes. Lo que no se habría logrado sin el poder de la Fiscalía y si los carteles de Medellín y Cali no hubiesen entrado en guerra entre sí, lo que facilitó la acción de la justicia y las fuerzas represivas del orden. Sin embargo, la Fiscalía ha sido impotente para esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez, fuera del hecho nocivo de la politización de la misma.
El penalista Jaime Granados, en su reciente alegato en la Fiscalía a favor de su defendido, el expresidente Álvaro Uribe, de manera brillante, lógica e inobjetable, explicó públicamente que le estaban vulnerando sus derechos a la defensa. Es de anotar que frente a la impecable argumentación del jurista se reconoció que se debía proceder a subsanar el caso, que es mucho más grave en el sentido que si le vulneran el derecho a examinar las pruebas a un expresidente, que puede esperar un particular. Por fortuna, ese caso que viene siguiendo el país con sumo interés, pareciera que va por buen camino jurídico y se le darán todas las garantías judiciales.
Sobre el mismo, desde el punto de vista neutral considero que al expresidente lo persigue la politización de la justicia, en cuanto desde el momento que llegó a la gobernación de Antioquia, debió enfrentar el asalto de las Farc que estaba a punto de tomarse el Urabá. Con frecuencia los sediciosos argumentan que se levantaron en armas contra el gobierno en supuesta defensa del pueblo, así obtienen estatus especial en los organismos internacionales, mientras que los funcionarios oficiales en ocasiones son injustamente perseguidos.
Lo peor que se puede dar en una democracia es la politización de la justicia. Por lo mismo, celebramos que brille la imparcialidad judicial y esperamos que les den todas las garantías a cuantos han defendido el orden y la ley en el país.