El último lustro de la vida política nacional se ha caracterizado porque la corrupción hizo metástasis de forma acelerada y, sin palidecerse, copto las tres ramas del poder público en Colombia. Los ciudadanía se ha visto obligada durante años a convivir con la corrupción -delito que, sin duda alguna, es el que más daño le ha hecho al país en toda su historia-, lo que no sólo ha profundizado la desconfianza que por defecto le es propia al ciudadano respecto de sus gobernantes, sino que, además, minó la seguridad que se tenía en una de las ramas del poder público que, hasta hace unos días, parecía ser impermeable a este fenómeno.

Las consecuencias de los hechos de corrupción, por los cuales se investiga a algunos magistrados de las altas cortes y fiscales, derivan en que ahora no sólo desconfíanos de nuestros gobernantes, sino que también lo hacemos de quienes son los garantes de nuestros derechos y libertades; las decisiones adoptadas por estos magistrados, que antes parecían inconmovibles y dictadas en derecho, ahora son cuestionadas y sobre su objetividad recae un manto de duda.

Los cuestionamientos sobre la legitimidad de nuestras instituciones ahora se extienden a los demás órganos judiciales; se teme que las demoras injustificadas en el trámite de los procesos o el sentido de los fallos, ya no obedezcan al análisis de las pruebas, o a la ponderación de los principios constitucionales al interior de los procesos, sino que estas anomalías procesales puedan obedecer a cualquier otro interés, distinto al de alcanzar la justicia. La corrupción y la politización de la justicia.

En ese contexto, las demoras en los procesos que se siguen en contra de algunos miembros de la oposición, como es el caso de Óscar Iván Zuluaga ante el CNE, y el de Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia. A pesar de la evidencia existente en los procesos, que los absuelve de los cargos que se les imputa, parecen moverse o “avanzar” según los tiempos y necesidades del agónico gobierno de Juan Manuel Santos. Y no por la complejidad misma de los procesos, estas circunstancias hacen pensar que las Cortes colombianas dejaron de ser el culmen de prestigiosas carreras de juristas destacados, en las que se profundizaba sobre los derechos y garantías de los colombianos, para transformarse en el escenario ideal para dirimir conflictos de poder, enviar mensajes de apoyo o castigo, perseguir al contradictor, enriquecerse a expensas de la justicia y por supuesto, para hacer política.

Así, lo único cierto, es que, ante el resquebrajamiento de la justicia, son únicamente los jueces lo que la pueden recuperar la legitimidad de nuestras instituciones y para ello, deben volver a ser independientes, dejar de ser un apéndice del poder político, para ser los garantes del Estado de Derecho en el que debemos vivir los colombianos.

@SamuelHoyosM