Hace días escribí sobre el escepticismo que los colombianos teníamos frente al éxito de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Eln. Después de meses de “zozobra”, el pasado fin de semana esa agrupación guerrillera disipó todas las dudas de manera trágica. El Ejército de Liberación Nacional confirmó lo que muchos colombianos sospechábamos, que no tienen una voluntad legítima de paz, y nos lo notificaron de la peor manera, ordenando un atentado terrorista que acabó con la vida de cinco uniformados y dejó a otros cuarenta y dos heridos, en el atentado contra la estación de Policía San José, en el sur de Barranquilla.

Este último ataque terrorista, que de manera cínica fue reconocido por el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln y que coincide con la presentación de la campaña presidencial de alias Timochenko en ciudad Bolívar, se unió a las violaciones sistemáticas que esta agrupación guerrillera realizó durante el cese al fuego pactado con el Gobierno de Juan Manuel Santos (36 violaciones al cese al fuego, según el mecanismo de monitoreo de la ONU).

Ataques y violaciones que no sólo estaban dirigidos contra la población civil y que pretendían ejercer un control territorial sobre las zonas que eran de control de las Farc -y que sus disidencias aún no ocupaban-, sino que, al mismo buscaban sembrar terror en la población colombiana, y que el ELN justificaba señalando la necesidad de una “solución política al conflicto social y armado que vive el pueblo colombiano, en un diálogo de Paz que atienda las voces de los más necesitados y excluidos”

La persistencia de estos actos de violencia en el país -a pesar de las negociaciones y el “fin” del conflicto con las Farc- así como el incremento en la percepción de inseguridad que tienen los colombianos, y que en Bogotá representa cerca de la mitad de la población, deriva en gran medida de la forma en la que el gobierno de Juan Manuel Santos ha llevado a cabo las negociaciones con los grupos armados al margen de la ley. Las excesivas y desmedidas concesiones ofrecidas a los terroristas son un incentivo perverso que genera violencia y les hace pensar a los criminales que pueden sentarse a hablar de paz con el Gobierno colombiano, mientras continúan delinquiendo impunemente.

Es por eso que insisto en mi llamado para que el Gobierno Nacional se levante de la mesa de Quito; levantarse de una mesa de negociación en la que una de las partes, mientras habla de paz continúa delinquiendo, destruyendo familias y segando vidas inocentes, lejos de ser un acto de soberbia, es el mínimo acto de valentía que este Gobierno podría tener por los colombianos, sería el único acto de respeto que tendría Juan Manuel Santos, presidente que durante 7 insufribles años, se dedicó a subir impuestos, tramitar coimas, y dejar de perseguir a los criminales, para ocuparse a tiempo completo a la complacencia de terroristas.

@SamuelHoyosM