Con motivo del octavo aniversario de paz con las Farc, el presidente Petro propuso la creación de otro tribunal de cierre, enfocado a abordar todas las dinámicas del conflicto armado, incluyendo a todos los actores del conflicto, guerrilleros, militares acusados de falsos positivos, paramilitares, políticos y civiles. Este tribunal sería una extensión fortalecida de la JEP.

Advierte el presidente que: “el proceso de paz dice que debe haber una sola instancia de verdad en el país. Yo le llamo un tribunal de cierre”. Además, agrega que la iniciativa propone enfrentar los desafíos normativos que han obstaculizado el cumplimiento pleno de los acuerdos de paz. Subrayó que esta propuesta busca unificar la verdad sobre el conflicto y permitir que todos los implicados puedan rendir cuentas, abriendo “una puerta real, a través de la verdad, hacia la paz total”.

Petro enfatizó la obligatoriedad de cumplir con los acuerdos de paz como compromisos unilaterales del Estado: “Ni el máximo tribunal de justicia de Colombia puede variarlo. Porque esa es la filosofía vinculante de las declaraciones unilaterales de Estado”.

El proyecto, que se radicará próximamente en el Congreso, plantea una nueva manera de abordar la reconciliación nacional, sumando actores tradicionalmente excluidos de los procesos de verdad y justicia.

¡Muchos interrogantes deja la propuesta presidencial! Lo primero que cabe preguntarse es qué es lo que se pretende; un tribunal de cierre judicial, a cuál reemplazaría, ¿Qué pasará con la JEP?, ¿Con la justicia ordinaria?; ¿Es justicia transicional? ¿Cuáles serían las penas si las va a haber? Aunque se anuncia la presentación de un proyecto de ley, la realidad, es que parece una propuesta muy inmadura, apenas para ser concretada y desarrollada.

Los problemas que tendría sacar adelante una propuesta de esta naturaleza, rayan con la conveniencia y con la viabilidad constitucional que pueda tener. Lo primero, no es deseable que los tribunales se creen después de los hechos que van a juzgar, se rompe el principio de la nulla poena sine lege; cuando  se inició el proceso de sometimiento de los paramilitares,  se le dio competencia a los Tribunales superiores que ya existían; cuando se adelantó el proceso de paz con las Farc, por imposición de éstas, se creó la JEP, violando el principio, como en Núremberg; y hoy tenemos  pocos resultados para las expectativas creadas que no son otra cosa, que incumplimiento del componente de justicia que esperaban las víctimas del conflicto y la sociedad colombiana. Venir ahora, con la idea de otro tribunal es, por lo menos, un despropósito institucional.

Pero el principal inconveniente es de orden constitucional ya que implica cambiar el diseño de la Constitución y eso no se puede con un proyecto de ley como pretende el Gobierno, ni siquiera con un acto legislativo de reforma a la Constitución; por lo menos supondría una constituyente.

Creo que estamos improvisando en materia grave por abrirle espacio a un despropósito como lo ha sido la política de la paz total, que solo genera incertidumbre, temor a los colombianos y desconfianza en nuestras instituciones.