El anuncio del Presidente sobre reconocer media pensión a los mayores excluidos del sistema, reitera el compromiso por llevar a cabo una reforma al sistema pensional, que constituye una prioridad para el logro de la justicia social en el país.

El país ha logrado fortalecer Colpensiones, estabilizar el régimen de prima media y eliminar los regímenes especiales, pero pese a los intentos por ampliar cobertura a través de los beneficios económicos periódicos y del programa Colombia Mayor, apenas uno de cada tres afiliados puede alcanzar una pensión y más de dos millones de adultos mayores carecen de toda protección económica.

El régimen de ahorro individual apenas llega a su maduración y anticipa brechas profundas en lo que atañe con la materialización y suficiencia de las prestaciones, pues el esfuerzo de ahorro y la baja tasa de reemplazo, especialmente para quienes cotizan sobre menores ingresos y en forma intermitente, son asignaturas pendientes de revisión.

Es más que oportuno, indispensable, asumir un proceso democrático de actualización del esquema de protección a la vejez.

La experiencia chilena demostró que la capitalización individual no es suficiente para consolidar un régimen pensional. Las varias reformas en ese país han conducido a fortalecer el apalancamiento público, a través de un régimen solidario de pensiones, al que accede el 90% de la población.

Proyectar un sistema de pilares no es novedoso, pero sí poder aprender de las experiencias y transformar a la colombiana el modelo de protección a la vejez. Hacer compatible la cotización a un esquema básico en Colpensiones, con el aporte a una plataforma de ahorro y esquemas complementarios, identificar niveles progresivos y diferenciales de beneficios y estructurar un modelo universal de cobertura plena, como en salud, son imperativos que marcan la ruta de la reforma, a partir del enfoque de derechos que ordena el artículo 48 de la Constitución.

Adicionalmente, superar brechas de discriminación por género mediante el reconocimiento de períodos de cotización a mujeres cuidadoras o inactivas por maternidad y reactivar la negociación colectiva, a través de opciones de aportes empresariales adicionales para mejorar las condiciones de los trabajadores, son alternativas por considerar.

Se requiere así mismo redefinir y fortalecer la autoridad encargada del diseño y ejecución de la política para la población mayor.

Todo ello demanda aplicar en paralelo una estrategia efectiva de formalización laboral. Sin trabajadores cubiertos por el sistema de seguridad social, no es posible tener pensionados. Hay que eliminar barreras de acceso y facilitar la cotización por períodos distintos al mensual, para quienes laboran estacionalmente o a tiempo parcial, lo mismo que implementar un esquema propio para los trabajadores rurales.

Esta reforma exige que se la considere articuladamente con los ajustes planteados al sistema de salud, con el estatuto del trabajo y con los cambios en el régimen laboral. Desarrollarla en forma aislada sería un error.

Su éxito solo podrá lograrse a partir de un amplio proceso de diálogo y concertación social y política. Conviene mirar el referente del Pacto de Toledo, en España, que ha mantenido desde los años noventa un acuerdo fundamental sobre los temas de la protección pensional, con el concurso de todas las fuerzas de la sociedad y a partir de reconocer principios y puntos de confluencia, más allá de aspectos paramétricos, que por demás han de ajustarse periódicamente.

Los diálogos regionales vinculantes que empiezan son un buen antecedente para este propósito. La convocatoria a un gran diálogo ciudadano por la protección social y el trabajo decente se impone para que, sin prisa ni pausa, se avance hacia protección económica incluyente para la vejez.