Quisiera abstenerme hoy de hablar sobre el desmoronamiento que vive el Gobierno. Ese desmoronamiento que quedó representado de manera tragicómica en el consejo de ministros del martes de la semana pasada y a partir del cual se ha generado una serie de eventos que muestran cómo naufraga esta administración a causa de sus errores y contradicciones, pero, sobre todo, de su narrativa novelesca e incapaz de dar respuestas útiles a las grandes necesidades que encara el país.
Quiero volver al examen de la Conmoción Interior, asunto que quedó en el cajón del olvido presidencial mientras que los integrantes del sanedrín palaciego se dedican a apuñalearse entre sí, pero que me despierta grandes preocupaciones. Unas preocupaciones que se acrecientan a causa de estos últimos acontecimientos.
Hace unos días estuve revisando el auto de la Corte Constitucional mediante el cual avoca conocimiento del decreto declaratorio de la Conmoción Interior. Anticipo que la Corte someterá la medida a un control estricto. Ésa es su obligación. Los Estados de Excepción son figuras excepcionales que llevan a que el Gobierno de turno reemplace temporalmente al Congreso en el ejercicio de la función legislativa, así que su declaratoria debe contar con fundamentos poderosos.
El control que les ha aplicado la Corte a los estados de conmoción ha sido bastante exigente: sin incluir la actual, la Conmoción Interior ha sido utilizada en siete oportunidades. Tres de ellas han sido declaradas inexequibles. El 43%. Así que el Gobierno arranca ya con unas probabilidades apretadas. Se trata de un mero dato estadístico, no de un golpe ni duro ni blando.
El auto de la Corte presenta un conjunto amplio de preguntas que la Corte les dirige a varias entidades del Gobierno incluidos el Ejército y la Policía, las alcaldías y la Defensoría del Pueblo para que informen, de manera integral, sobre la situación en la que se encuentra el Catatumbo.
Las respuestas de algunas de ellas confirman que la declaratoria descansa sobre bases débiles. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo muestra que hubo múltiples alertas tempranas que avisaban de la situación que se avecinaba. El Ministerio de Ambiente reconoce que los problemas que enfrenta la región son estructurales. En fin, desde esa óptica, la Conmoción debería ser declarado inexequible.
Hay un problema adicional: la crisis que enfrenta el Catatumbo es en buena parte consecuencia de las acciones y omisiones del propio Gobierno. De su funesta paz total, del ostracismo que le impuso a la inteligencia, de su promoción de los cultivos ilícitos, de su desprecio por las Fuerzas Armadas.
¿Puede el Gobierno declarar la Conmoción Interior por un problema que él mismo ayudó a crear? Sé que causaré polémica por lo que pienso, pero lo diré: en este caso, sí. La necesidad imperiosa de proteger a ese sector de la población, gravemente afectado por un conflicto que el propio presidente se ha encargado de alimentar, faculta al Gobierno, a pesar de todo, a acudir al mecanismo de excepción.
Ahora bien, puede, sí, pero sólo para ese fin. No para sacar adelante todas las medidas en materia de tierras, infraestructura, uso de regalías y demás contenidos, más propios de un plan de desarrollo que de una conmoción interior. La Corte, creo yo, deberá ser muy precisa en esa delimitación.
Un fallo de exequibilidad limitada de la declaratoria impide además que Petro se lave las manos y descargue en los demás las culpas de sus muchos errores.