Momentos aciagos vive la República; por supuesto, que no es bueno para su dignidad que un exmandatario sea vinculado a un proceso penal, que tiene su génesis en una reyerta de vieja data con uno de sus contradictores públicos  ideológicos.  El hecho jurídico ha acrecentado las divisiones en los diferentes sectores políticos en que se encuentra inmersa la sociedad colombiana y se producen manifestaciones, declaraciones y pronunciamientos, en un sentido y en otro; provocando una gran ola de confusión ciudadana e institucional.

La decisión al definir la situación jurídica del exmandatario, que había sido escuchado en indagatoria hace nueve meses, la toma la Corte Suprema de Justicia en primera instancia, dada la calidad de aforado que corresponde a un Senador de la República. Desde la reforma constitucional de 2018, existe la posibilidad de una segunda instancia ante la Sala de Casación Penal, compuesta por nueve magistrados.  Si la defensa lo estima conveniente para los intereses de su presentado, puede hacer uso de este recurso contra la medida de aseguramiento adoptada en primera instancia, para que sea revisada por los nueve magistrados que la componen.  Es la antesala de una investigación que formalmente apenas comienza y donde tendrá la garantía de poder ejercer su defensa.

En este momento, mesura es el mensaje que debe enviarse a la sociedad, por sus líderes y gobernantes; confianza en las instituciones democráticas, respeto por la independencia de sus jueces.  Es de esperarse que las decisiones judiciales consulten únicamente las leyes vigentes y las pruebas recaudadas al interior de los procesos; es la máxima garantía que podemos esperar los ciudadanos;  que dichas decisiones sean completamente ajenas a cualquier lineamiento de carácter político.

La independencia de los jueces es la mayor garantía que puede ofrecer la democracia a sus ciudadanos. Ello significa que, en la mala hora de encontrasen envueltos en una controversia judicial; quién haya de dirimirla, sea una persona imparcial, que tome su decisión en derecho, cumpliendo con las normas propias de cada juicio. Es la única manera de realizar el valor de la justicia.

Los vinculados a una actuación procesal deben gozar de todas las garantías que nuestro sistema concede; el debido proceso que contempla la Constitución; el derecho de defensa que es sagrado, el de contradicción de la prueba; y ahora, la segunda instancia para los aforados.

La mejor manera de preservar una democracia es confiar en sus instituciones y saber que la justicia debe ser la llamada a garantizar la paz y la convivencia pacífica de los asociados.  La independencia de los jueces es una garantía ciudadana y por ello, todos los ciudadanos estamos obligados a defenderla.