Con alguna preocupación se recibió en el sector de la pesca la presentación en el Congreso de la República de dos proyectos de ley que pretenden imponer restricciones a la pesca de arrastre, lo cual representaría una afectación significativa hacia la pesca industrial y semiindustrial, al igual que a las miles de familias de las costas colombianas que generan sus ingresos a través de esta modalidad de pesca.
Ante esta situación, cabe señalar que la pesca de arrastre en Colombia ha estado sujeta a disposiciones y acuerdos formales entre pescadores artesanales y pescadores semiindustriales, los cuales han estado soportados en evaluaciones científicas de Invemar, de la mano de la Autoridad de Acuicultura y Pesca Nacional (AUNAP), con el objetivo de mitigar el impacto y asegurar que la pesca se desarrolle de manera regulada y sostenible. Es así como a partir de estos acuerdos se ha limitado el número de barcos, dispuesto vedas estrictas y un control en tallas a las especies capturadas, entre otras medidas, que buscan garantizar la efectiva organización y control del sector.
Asimismo, la pesca contribuye en gran medida a la seguridad alimentaria; se estima que en todo el mundo se consume algo más de 100 millones de toneladas de pescado al año, los cuales proporcionan a 2.500 millones de personas por lo menos el 20 % de su ingesta promedio per cápita de proteína animal. En regiones costeras, como nuestro Litoral, más del 50% de la ingesta de proteína proviene del consumo de pescado.
Por tal motivo, el verdadero peligro que atenta contra los mares colombianos no es la pesca con modalidad de arrastre que desarrolla la industria local sino la pesca ilegal, sobre la cual se requieren acciones contundentes para prevenirla y frenarla. En los últimos años se han registrado múltiples casos de embarcaciones internacionales pescando de manera ilegal en aguas colombianas en los dos océanos En ese sentido, las iniciativas legislativas deberían concentrase en mecanismos para fortalecer los controles de las autoridades marítimas y salvaguardar las áreas marinas protegidas a efectos de limitar la explotación indiscriminada que supone la ilegalidad en los mares colombianos y así garantizar la protección de especies marinas.
Por otro lado, las iniciativas legislativas deberían promover la pesca legal, creando las condiciones necesarias para aumentar su productividad y competitividad. Entre estas condiciones es determinante establecer mejores incentivos para el combustible marítimo, similares a los establecidos en países vecinos como Ecuador y Perú, al igual que definir mecanismo de financiación eficientes para la renovación de flota.
Cabe destacar que además el esfuerzo debería estar orientado al desarrollo de una pesca sostenible que beneficie a la población del Pacífico y Caribe. Al respecto, conviene recordar que el método de pesca acordado para impulsar esa actividad es el palangre o línea de mano reglamentada. Por lo cual los proyectos de Ley mencionados deben diferenciar entre el palangre regulado de industria local y las prácticas nocivas y a gran escala de la pesca ilegal.