Los organismos de control en Colombia, aunque presentan fallas y debilidades, pueden y deben ser reformados para corregir sus deficiencias y modernizarlos. Tal es el caso de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se debe cuestionar su legitimidad constitucional ni su indispensable existencia como garante del poder moral y de la autoridad disciplinaria sobre la conducta de los servidores públicos.

Últimamente, la Procuraduría ha sido objeto de ataques, particularmente en lo que respecta a sus funciones frente a los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular. Esto se ha suscitado como consecuencia de diversas interpretaciones de los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), en el contexto de nuestra soberanía jurídica y el marco constitucional, exacerbadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del alcalde Gustavo Petro.

En dicha sentencia, la CIDH interpretó que la restricción de los derechos políticos de un servidor público de elección popular en Colombia, es competencia exclusiva de un juez penal. Esto implicaría que la Procuraduría, como autoridad administrativa, no estaría facultada para imponer sanciones como destitución, inhabilidad o suspensión a estos servidores.

No obstante, la Corte Constitucional, mediante sentencias de 2021 y 2023, dejó claro que la CADH no tiene rango supraconstitucional. Además, determinó que no es estrictamente necesario que un juez penal sea el único facultado para limitar los derechos políticos de los servidores públicos elegidos; lo fundamental, según nuestra Corte, es que se respeten las garantías del debido proceso. Y fue aún más allá, afirmando que, en el marco constitucional colombiano, la Procuraduría está plenamente legitimada para adelantar procesos disciplinarios e imponer sanciones como la destitución, inhabilidad y suspensión a los servidores públicos de elección popular, con la revisión final del Consejo de Estado como juez contencioso.

El nuevo procurador, Gregorio Eljach Pacheco, un jurista de vasta experiencia y reconocida solvencia profesional, afirmó ante el Senado: “Estoy convencido de que debemos respetar el control de convencionalidad (…)”. Y agregó: “Existen alternativas jurídicas para compatibilizar y armonizar los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos con la existencia de una Procuraduría objetiva y respetuosa de los derechos y las garantías”. Sus palabras subrayan la necesidad de armonizar el sistema interamericano con nuestro ordenamiento jurídico interno.

Eljach enfrenta enormes retos, entre ellos, conciliar las expectativas de quien lo postuló con las de quienes lo eligieron. Su elección, con 95 votos, la mayor votación en la historia para ese cargo, refleja un respaldo unánime y transversal en un contexto de profunda polarización política. Ese mandato, manifestado tanto por aliados del gobierno como por opositores, le otorga una legitimidad sin precedentes para defender y proteger la Procuraduría, así como para liderar una reforma que la convierta en una institución austera, eficiente y moderna.

El nuevo procurador no solo deberá soportar la presión de quienes tienen en la mira a la Procuraduría, buscando eliminarla o recortar sus competencias, como la ha enfrentado durante más de dos años Margarita Cabello. También deberá asumir el deber de transformar este bicentenario órgano de control, preservando su rol esencial en la vigilancia de la conducta de los servidores públicos, tanto elegidos como nombrados.