Con algo de sorpresa recibió la comunidad el proyecto de la vicepresidente de la República, Dra Martha Lucía Ramírez, en lo atinente al control del consumo desaforado de alcohol por algunos clientes en los diferentes establecimientos públicos dedicados al expendio de licor. La verdad, algo de razón tiene la Dra. Ramírez, porque es preocupante la cantidad de impases que se presentan con personas alicoradas, especialmente en las horas de la madrugada, con énfasis en los fines de semana, y las autoridades no pueden continuar impávidas ante semejante situación; seguramente la vicepresidente en su afán de llamar la atención sobre el tema, propuso alternativas algo difíciles, por no decir imposibles de cumplir y pretendió entregar a la  policía la responsabilidad de diseñar una estrategia direccionada a controlar y auxiliar los borrachitos que no faltan en las calles y lugares de esparcimiento. No vamos a terciar en el debate con la alcaldesa de Bogotá, por ser de general conocimiento, pues los medios se encargaron de analizar los puntos de vista presentados por la Dra Claudia, muy valederos de por sí y dignos de tener en cuenta.

Independiente de lo contemplado sobre el asunto en el Código de Policía, donde se avista que para proteger a persona alguna en estado de vulnerabilidad, la fuerza pública la podrá conducir, bien sea a su residencia o lugar que le  brinde seguridad, lo que no quiere decir que en las horas pico todas las unidades de la fuerza en servicio se dediquen a la cacería de  alicorados para protegerlos, porque es materialmente imposible, ante el gran reto sobre seguridad que tiene la institución. Lo que si pueden las autoridades es desarrollar un programa donde se comprometan los administradores, dueños o gerentes de establecimientos con vocación lúdica y venta de licor, a tomar medida para evitar todo tipo de excesos en su negocio.

Si estas personas se valoran como profesionales de la actividad, no permitirán que sus clientes se excedan y por el contrario estarán convertidos en veedores permanentes del orden y comportamiento de sus consumidores, absteniéndose de suministrar licor a quienes demuestran, para su buen juicio, estar llegando a un límite etílico preocupante.

Otro punto de control administrativo es la responsabilidad de los grupos de amigos frente a sus contertulios o asistentes excedidos en la libación; es inaudito que los amigos permitan que o dejen a la deriva un compañero de juerga, ese comportamiento también debe ser controlado por  los profesionales del bar. Este compromiso de los gerentes o sus equivalentes, puede ser vigilado desde el momento de expedir la licencia de funcionamiento y dicha licencia debe ser expedida a la persona natural quien se responsabiliza, bajo amenaza de suspensión, por incumplimiento de las reglas establecidas para la correcta  marcha del lugar.