Las circunstancias dramáticas que rodearon la muerte de la menor Yuliana Andrea Samboní, que tienen horrorizado al país, han puesto sobre el debate público la necesidad de adoptar medidas extremas para enfrentar a los abusadores de los niños, cuyas conductas abominables reclaman no sólo el repudio de la sociedad, sino de sanciones ejemplarizantes y de medidas eficaces desde el punto de vista de la prevención de esta modalidad oprobiosa de delincuencia.

Lo que no es recomendable es legislar al calor de los acontecimientos y de la coyuntura, porque en Colombia somos esencialmente reactivos frente a episodios tan dolorosos como el del crimen de Yuliana Andrea, que lacera el alma nacional.

Se propone de nuevo adoptar la cadena perpetua para esta clase de delincuentes que difícilmente podrán resocializarse para regresar al seno de la sociedad. Lo cierto es que no hemos sido capaces de hacer efectivas las penas previstas para los victimarios de los niños que, de acuerdo con el Código del Menor, no admiten subrogados penales. Ello quiere decir que si se aplicaran completas las penas, esta clase de delincuentes pasarían el resto de sus días en las cárceles con la condición de ser un peligro para la sociedad.

Por otro lado, creo que en Colombia, por las debilidades que acusan nuestra política criminal y penitenciaria, no están dadas las condiciones necesarias para implementar la pena conocida como cadena perpetua. El planteamiento se complica aún más si se advierte la necesidad de extenderla a otras modalidades de vulneración del derecho a la vida y la integridad personal, como serían los delitos de lesa humanidad, en desarrollo del derecho a la igualdad.

La verdad es que la política criminal del Estado debe tener un carácter integral. Colombia, dicen los informes de los órganos competentes, ha pasado de la condición de país productor de narcóticos a la de productor y consumidor. Ya estamos en cerca de 200 mil hectáreas de sembradíos de cultivos ilícitos, lo cual quiere decir que se ha incrementado la oferta y también la capacidad y distribución de estas sustancias maléficas.

Creo oportuno traer a colación esta arista del problema complejo del narcotráfico porque, al parecer, el victimario de Yuliana Andrea es un drogadicto habitual, o sea, que este delicado tema hay que evaluarlo desde distintas perspectivas porque involucra diferentes variables de análisis.

La propuesta de la pena de muerte, cuya implementación encontraría las mismas dificultades que se adujeron hace un siglo en el célebre debate que protagonizaron Guillermo Valencia y el Ñito Restrepo, entre otras, la de exponerse al error judicial.  Y en cuanto a la castración química, creemos que esta medida podría ayudar a evitar la reincidencia de los infractores, pero equivaldría a sancionar la violación de un derecho humano con la afectación eventual de otro derecho y en ello no puede haber reciprocidad. Es preferible aplicar en forma  eficaz y adecuada  el régimen vigente con los instrumentos con los que hoy se cuenta y la infraestructura de que se dispone.