El Estado democrático supone derechos para los ciudadanos de muy diversa índole, entre ellos el de manifestarse a favor o en contra de las políticas públicas del gobierno de turno; pero también el ciudadano tiene obligaciones, como la de actuar de buena fe en todas sus actuaciones públicas o privadas y no atentar contra la libertad de los demás ciudadanos ni contra el patrimonio público o privado.  Esta recordación cobra sentido en la medida que, con ocasión del paro señalado para el día de hoy, mucho se ha dicho y hasta con exageración de lo que es el derecho a protestar de los inconformes; pero poco se ha señalado de las obligaciones que se tienen por la convivencia social y que no pueden abandonarse al momento de manifestar la inconformidad.

Colombia es un país experto en protestas sociales; quienes hemos habitado el entorno del centro histórico por años, podemos dar fe de ello. Rara es la época donde semanalmente no se presente algún tipo de protesta encaminada a marchar hasta el Parque de Bolívar. Protestas de toda índole; estudiantes, campesinos, indígenas, maestros, trabajadores, reclamos sociales, etc.   Ello es normal, es lo propio de una democracia.

Las protestas anunciadas para este jueves tienen una fundamentación bastante exótica, pues parecen más preventivas por lo que no ha pasado y a lo mejor no pase, que quejas por acciones y políticas gubernamentales.  Se protesta por privatizaciones estatales que no se han dado y que no se sabe si ocurrirán, como el caso de parte de Ecopetrol;  falta de inversión en la educación; porque se plantea una reforma laboral que incluye un salario inferior al mínimo para los jóvenes,  que fue una idea lanzada por un gremio, que de inmediato contó con la desaprobación del Gobierno; una reforma pensional que privatizaría Colpensiones y eliminaría la pensión de los trabajadores como un derecho, también  desmentida por el Gobierno.

Con razón, algunos analistas atisban un paro nacional con evidentes propósitos políticos.  Sin duda, muchos de los políticos de moda, han utilizado la protesta contra la corrupción, o las mingas indígenas, o marchas obreras como catapulta para llegar a la función pública. También, a pesar del oportunismo que encierran protestas de esta raigambre, hacen parte de la democracia.

Lo que no se puede olvidar son los deberes de los ciudadanos y de las autoridades públicas.  La protesta no puede convertirse en patente de corso para atacar los edificios públicos o privados, ni para dar rienda suelta a los actos vandálicos.   Los ciudadanos que protestan deben realizar su marcha de manera pacífica, sin atentar con los derechos de los demás y las autoridades deben estar prestas a impedir cualquier acto de vandalismo. Mal momento para la protesta por la situación  de violencia que ha vivido el vecindario;  en Ecuador, Bolivia y Chile,  lo que se inició como actos de protesta terminó como actos de barbarie y no queremos que esto suceda en Colombia.