Escribo en las primeras horas de 2019. Con el optimismo que transmite, ante todo,  la confianza en Dios -sin cuyo apoyo no hay logro humano que valga la pena- y con la esperanza que todos debemos mantener en nuestros semejantes. En general, con las excepciones de los malos compatriotas dedicados al delito y a la corrupción, los colombianos conformamos una comunidad buena, bien intencionada, que quiere trabajar y vivir en paz.

El empeño, pues, para el nuevo año, debe corresponder al propósito colectivo de obrar dentro de la ley, rechazando todas las modalidades de fraude, trampa y comportamiento ilícito que tanto daño han causado y siguen causando al país.

Convencidos de que el mejor concurso que se puede prestar a quien encabeza un gobierno, en especial uno recién inaugurado, consiste en la sincera reflexión y en la respetuosa crítica de aquello que se juzga erróneo, sin perjuicio de respaldar con decisión lo que se considera acertado, hemos expresado discrepancia sobre algunas decisiones, particularmente en el aspecto fiscal, pero hacemos votos por el éxito de nuevas reformas que beneficien al país.

Han sido aprobadas varias leyes y, en primera vuelta, algunas reformas a la Carta Política. Con independencia de su contenido, que en parte compartimos, tenemos varias reservas sobre la manera como fueron votadas en el Congreso, a última hora, sin debate y hasta sin lectura pública de los textos. La ley de financiamiento no fue oportunamente publicad antes de su último debate.

Estamos hablando de modificaciones a la Constitución -el Estatuto Fundamental-, y de leyes tan importantes como la reforma tributaria, y -digámoslo abiertamente- no es edificante que en tales materias -que no son de poca monta- se improvise y se resuelva sin los indispensables trámites de discusión y publicidad que garanticen, como quiere la Constitución y lo ha repetido la jurisprudencia, el adecuado conocimiento por parte de los congresistas acerca de lo que están votando. Todo en aras de transmitir la noticia según la cual los proyectos gubernamentales fueron aprobados.

Pero, además, eso es negativo para los mismos proyectos, porque si por ventura -ojalá así sea-  la Corte Constitucional llegara a recuperarse de la superficialidad, inconsistencia y debilidad que, desde los tiempos del “fast track”, vienen afectando sus fallos, tendríamos varias declaraciones de inexequibilidad. Y eso no le convendría al Ejecutivo, ni a la necesaria estabilidad del sistema jurídico.

Hay reformas importantes que se quedaron sin tramitar, como la de la justicia. Creemos que los esfuerzos por sacarla adelante deben ser reemprendidos, aunque con criterio distinto. El sistema requiere un ordenamiento integral, coherente, bien pensado y concebido que, ante todo, garantice a la ciudadanía el efectivo y oportuno acceso a la justicia; que elimine o al menos disminuya progresivamente la  alta congestión de los despachos; que asegure la mayor agilidad de los procedimientos; que haga valer la prevalencia del derecho sustancial sobre el excesivo formalismo que hoy obstruye las posibilidades de justicia material y que ha legado inclusive a la propia Corte Constitucional, en detrimento de los derechos ciudadanos; que facilite la erradicación de los focos de corrupción existentes; que fortalezca y exija la adecuada formación jurídica y ética de los jueces, que despolitice a las corporaciones judiciales; que castigue la morosidad judicial.

En fin. Muchos son los elementos necesarios en este campo. Volveremos sobre ellos.