Parecería que el fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenando, entre otras cosas, al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pedir perdón públicamente en nombre del gobierno por los “excesos” de la fuerza pública en algunas protestas, tiene el propósito de medir hasta dónde aguanta Colombia su vergonzosa politización.

Quizá este fallo sea la antesala para, dentro de poco, expedir otro demandando que el gobierno, el ejército, o la policía, pidan perdón por haber combatido y abatido, a los diferentes grupos narcotraficantes, guerrillas, o bacrim, de todos los matices criminales, que por décadas han ensangrentado a Colombia.

Seguramente la Corte conceptuará que estos asesinos podían, impunemente, arrasar con pueblos y vidas como parte de sus derechos a la protesta. ¿Absurdo? No creo. Vean cómo hoy se campean los capos de las Farc por el senado y la JEP, haciendo lo que les place.  ¡Eso también parecía absurdo!

Parecería que la Corte quiere, con sus fallos arbitrarios, impedir la tranquilidad del país; que su protagonismo político pretende mantener al país al borde del caos.

La supuesta paz pactada se está desintegrando. Los capos se niegan a confesar la verdad ante una JEP complaciente. Las “disidencias” de las Farc y otros grupos criminales asesinan a diario y culpan descaradamente al gobierno.

Aquí todos estamos perdiendo. La Corte, cuyo deber es velar por los derechos jurídicos de los ciudadanos, inclusive de soldados y policías, pretende, inaceptablemente, gobernar desde su tribunal. Y, parece haberse declarado enemiga del gobierno, en medio de la peligrosa crisis económica debida a la pandemia que sin duda traerá hambre y pobreza. En vez de unidad, estúpidamente, igual que la izquierda, destruye toda posibilidad de diálogo y colaboración.

Acaso la Corte no sabe, o no quiere reconocer, que entre los manifestantes pacíficos y respetuosos, hay peligrosos infiltrados de las disidencias de las Farc, las bacrim y el Eln, bien entrenados para causar terror, destrucción, inclusive asesinatos. Siendo, su más importante objetivo, “torear” y humillar a la policía y la rápida difusión por las redes de lo que le conviene a sus grupos criminales, la desmoralización de las fuerzas del orden.  

Dice la Corte de que la fuerza pública es sospechosa, en las últimas protestas, de intervención, sistemática, violenta y arbitraria. ¡Acusación tremenda! ¿Dónde están las pruebas? Colombia no las ha visto. Algo extraño de una Corte experta en filtrar información. ¿No tendrán pruebas?

Es claro que debe haber más empatía del gobierno con las voces de los manifestantes pacíficos. ¡Que nadie tenga la excusa de que hay que destruir para ser oído!

Igual debe haber una reestructuración del ejército y la policía para que sean fuerzas mejores en todo sentido. No es posible que un soldado, que cumple su servicio militar obligatorio, muchas veces en zonas de alto riesgo, poniendo constantemente en peligro su vida, reciba una bonificación mensual de solo el 13% del salario mínimo.

Los soldados merecen mucho más: mejor remuneración, entrenamiento que incluya manejo de crisis y relación comunitaria, y educación integral en múltiples aspectos. Estos muchachos deben salir, al cabo de sus 18 meses de servicios, con una preparación que les permita un mejor vivir. Deben ser mensajeros de democracia, derechos humanos y líderes en sus comunidades. Respaldemos a los jóvenes policías y soldados que defienden a Colombia.