La semana pasada en la discusión del proyecto de ley que busca adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción se metió un ‘mico’ que busca amordazar a la prensa y a quienes sean críticos de los que están en el poder ¿Quién será el cerebro de semejante adefesio autoritario? 

El proyecto de ley es iniciativa del Gobierno nacional, particularmente de la Vicepresidencia y viene trabajándose desde el 2020, pero solo hasta el miércoles de la semana pasada se le incluyó el controvertido artículo que busca castigar con prisión de hasta 10 años y multas de $1.359 millones a quienes incurran en injuria o calumnia contra funcionarios, exfuncionarios públicos o sus familiares.

El autor del esperpento fue el representante a la Cámara César Lorduy, quien no ha querido salir a medios -no en el momento en que se escribe esta columna-, pues fuera de micrófonos ha manifestado que no tiene nada que decir y que el Congreso en su sabiduría decidirá hoy lunes, a las 2 de la tarde, si aprueba o no el articulito.

Aunque el representante Lorduy lo propone, no lo firma sólo. En su propósito lo acompañan otros senadores, entre los que están Mauricio Gómez, Guillermo García, Ana María Castañeda, Miriam Paredes, Efraín Cepeda y Fabián Castillo. Sin embargo, esta vuelta tiene un autor mucho más poderoso: fuentes de la Vicepresidencia me aseguran que el contralor general Felipe Córdoba y la procuradora Margarita Cabello avalan el ‘miquito’.

Es cierto que desde un principio este proyecto viene con el respaldo de los entes de control, pero sería importante saber si apoyan también esta proposición de último minuto que busca censurar a quienes quieren denunciar a funcionarios y que nada tiene que ver con un proyecto anticorrupción.

Como lo han dicho las asociaciones de medios de comunicación y una organización como Transparencia Internacional, la crítica a este articulito no busca defender a quienes quieran injuriar o calumniar, pues de hecho estos delitos ya hacen parte del Código Penal en Colombia. Lo que sucede es que incluirlo en un proyecto anticorrupción busca es amedrentar a organizaciones civiles, prensa regional y periodistas independientes para que se lo piensen dos veces antes de denunciar cualquier irregularidad de un funcionario. Pues solo eso se puede entender de la creación de un régimen privilegiado para los trabajadores del sector público y sus familiares.

Sorprende que en medio de una contienda electoral como en la que nos encontramos, en donde varios de los firmantes de la proposición y de quienes la apoyan han manifestado su temor por la llegada a la Casa de Nariño de un gobierno autoritario que limite libertades, le estén apostando a cercenar la libertad de expresión. Esto lo que demuestra es que cuando las personas están en el poder, eso de las libertades no les gusta mucho y buscan prevenir cuestionamientos públicos a su accionar.

Por eso es responsabilidad de la ciudadanía no permitirles hacer este tipo de jugaditas en el Congreso, ya que después nos costarán muy caro. Así que no nos cansemos de preguntar por estos días: ¿Quién está detrás y quiénes apoyan este esperpento?