Los computadores de “Raúl Reyes”

Acaba  de publicarse en castellano el libro-documento del International Institute for Strategic Studies, probablemente la entidad más seria en esta materia en el mundo, sobre los archivos de las Farc contenidos en los computadores de “Raúl Reyes”.

Esta es una buena oportunidad para referirnos a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dictaminó que esos archivos no podían ser utilizados como prueba judicial por haber sido obtenidos ilegalmente en el curso de la “Operación Fénix” que dio muerte en territorio ecuatoriano al segundo al mando de las Farc.

De la indocta (como el análisis del ejercicio de la legítima defensa) e inútil (como la “historia” de las Naciones Unidas) que trae la decisión de la CSJ, llanamente se concluye que solamente las autoridades a las que la ley confía esa misión pueden obtener pruebas, de donde se desprende que en el futuro las unidades de combate tendrán que llevar detrás a la policía judicial; y que, en el caso de Ecuador, ha debido darse cumplimiento al Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre los dos Estados, vigente desde 2001. Es decir, que las tropas colombianas han debido dejar los computadores en el lugar y pedirlos luego a los ecuatorianos. Esto parece un chiste, pero la CSJ así lo dice.
Según el libro que mencionamos arriba, los correos de “Reyes” muestran claramente la relación, a veces estrecha, de varios gobiernos ecuatorianos con las Farc, y que estas contribuyeron con USD 400.000 a la campaña de Correa “de lo cual el Presidente pudo estar enterado” puesto que en esos días el candidato expresamente los apoyó. Ciertamente otros de sus funcionarios de alto rango lo estaban y mantuvieron contactos, incluso personales, con “Reyes” en su campamento ecuatoriano.

Valga la pena mencionar que el Convenio estipula que “La Parte Requerida podrá negar la asistencia cuando, a su juicio: (…) e) El otorgamiento de la asistencia pueda afectar el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales del Estado Requerido” (Art. 11). La excepción es clarísima y hubiera sido aplicada, a juzgar por la reacción del Gobierno ecuatoriano cuando se dieron a conocer esos correos.
La CSJ ha sido incapaz de adelantar procesos contra quienes supuestamente han estado vinculados con las Farc y ha acudido a argumentos como los expuestos para quitarle piso a cualquier acción sobre el particular. Y eso ha tenido efecto en procesos fuera de Colombia: por ejemplo, el 23 de mayo de 2011, luego de conocer la decisión de la CSJ, la Corte Suprema de Chile suspendió el juicio que adelantaba contra el chileno Manuel Olate, que había sido requerido en extradición por sus presuntos vínculos con las Farc, como lo mostraban fotografías y correos de los computadores de “Reyes”.
Coda. Vale la pena preguntarse si los altos magistrados o sus parientes han prestado servicio militar y entienden lo que es un combate.