Internacionalista sin tarjeta

Cuando entré a la universidad a estudiar derecho, lo que quería realmente era ser especialista en derecho internacional. Hice mi tesis bajo la dirección de un viejo sabio, el profesor Jesús María Yepes, al que por su propia voluntad tuve el honor de remplazar en la cátedra. Después de 35 años como profesor, casi 25 como juez internacional, ocho libros y más de cien ensayos sobre la materia, me entero ¡oh sorpresa! de que todo lo hice sin tarjeta profesional de internacionalista.

En efecto, me acabo de enterar por un artículo publicado en el blog de la Universidad de los Andes por la profesora Sandra Borda, directora del Centro de Estudios Internacionales, que Juan Diego Gómez, senador por Antioquia y abogado de la Universidad de Medellín,  Juan Carlos García, representante por Norte de Santander, abogado de la Sergio Arboleda, Argenis Velásquez, representante por el Putumayo, contadora y administradora de empresas, Mauricio Salazar, representante por Risaralda, abogado y Luis Fernando Urrego, abogado, representante por el Caquetá, exnotario, cuatro conservadores y una liberal enmermelados, han presentado un proyecto de ley para regular la profesión de internacionalista, en desarrollo de la Ley 556 de febrero de 2000 que creó el Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y Afines, una entidad inane de la cual no se sabe cómo se eligen sus directivas y ni siquiera si tiene oficinas,  

Lo que se busca con el nuevo proyecto es crear un nuevo ente  que se alimente con las cuotas que se paguen por las tarjetas profesionales, dirigida por un burócrata casposo que se lo pase el día haciendo crucigramas.

Cuenta la doctora Borda que el ente tendría entre otras las siguientes facultades: tener acceso inmediato a los lugares donde los profesionales deben adelantar sus investigaciones y poder examinar los  libros, documentos y diligencias correspondientes -en mi caso a mi oficina, mi biblioteca y mi computador y en las universidades… ¿para qué el Mineducación y el ICFES?-; y exigir a los internacionalistas abstenerse de emitir conceptos profesionales sin tener la convicción absoluta de estar debidamente informados al respecto. La doctora Borda se pregunta ¿quién juzgará si uno está debidamente informado o no?

El proyecto prohíbe la publicación de artículos que no se ajusten estrictamente a los hechos científicos debidamente comprobados y criticar o emitir juicios adversos sobre los colegas y demás profesionales. La doctora Borda pregunta de nuevo ¿quién y con qué criterio evaluará esto? Y yo añado: ¿dónde queda la libertad de expresión?
Y menciona la doctora Borda, escandalizada, esta perla: se prohibiría invitar a eventos académicos u otras actividades a figuras internacionales porque si no están registrados, estarían ejerciendo ilegalmente la profesión.

Parece un chiste, pero es cierto. ¿Fueron elegidos para presentar estos proyectos de ley?

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Coda.La pelea entre Brasil y Venezuela no tiene ningún efecto porque están cortados por la misma tijera. Pero para los venezolanos es una muestra de corrupción rampante porque prueba que Jaua -y otros funcionarios-usan los fondos oficiales como si fueran plata de su bolsillo.