RAFAEL NIETO NAVIA | El Nuevo Siglo
Martes, 31 de Enero de 2012

No se preocupe, presidente Uribe

El presidente Uribe, ante el hecho de que el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, el mismo de Mapiripán, iba a enviar unos abogados, posiblemente los mismos de Mapiripán, a advertirle “a las autoridades panameñas y al pueblo panameño que nos veremos obligados a presentar una demanda internacional contra el Estado de Panamá” -como dijo un Luis Pérez de una de tantas ONG- si no revocaban el asilo a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, pues -dicen- tienen “pruebas que demostrarían que la exdirectora del DAS no es una perseguida política y que tiene todas las garantías de la justicia para enfrentar un proceso judicial en Colombia”, resolvió enviar los propios.

Panamá, que es un Estado serio en el manejo de sus relaciones exteriores, gobernado también por un Presidente serio, es respetuoso de los tratados, no como Colombia cuya Corte Constitucional cuando apenas empezaba a actuar (1993), declaró nulos unos artículos del Concordato porque dizque infringían los derechos humanos, violando -ella sí- la norma internacional de que los tratados deben cumplirse.

El asilo de Hurtado fue concedido por razones políticas, las que califica el Estado asilante y no son discutibles, tal como rezan los tratados americanos y lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en su sentencia sobre Haya de la Torre. Una vez concedido, los gobiernos no acostumbran a revocarlo. Yo no recuerdo un solo caso y menos, supongo, sobre supuestas pruebas de que la asilada tiene todas las garantías de justicia para enfrentar un proceso judicial en Colombia. Bastaría presentar, en contra, los recortes de prensa de los últimos seis meses, para probar lo contrario (casos Arango Bacci, Arias Cabrales, Plazas Vega, para mencionar algunos).

Ahora bien, los Estados no se dejan asustar por demandas internacionales. Panamá solamente está sujeto a la Corte Internacional de Justicia (procesos de Estado a Estado); a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos procesos deben empezar por la Comisión, la que, por maleable que sea, se va a preguntar qué tipo de derechos humanos violó Panamá al conceder un asilo en los términos de los tratados existentes; a la Corte Penal Internacional que lidia con genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad y agresión, además de que solamente juzga personas y no Estados; y a tribunales comerciales internacionales. La ignorancia es atrevida, dice el dicho.

Así que, señor Presidente, no se preocupe. Eso no va a ninguna parte.

Coda. Sobre la decisión de la apelación de la condena al coronel Plazas Vega que debe tomar pero no ha tomado el Tribunal Superior de Bogotá, un columnista de El Colombiano se pregunta: “¿Quién manipula a quien? ¿Fue el Tribunal Superior de Bogotá quien invitó a El Tiempo a que publicara una noticia falsa? ¿Fue el citado matutino quien presionó al TSB para que ratificara la condena contra el coronel Alfonso Plazas?”.Y agrega: “Una vez más, todo lo que tiene que ver con ese proceso está salpicado, desde el comienzo, de anomalías”.