Recientemente se presentó al Congreso un proyecto de Acto Legislativo que pretende reformar la elección del Fiscal General en varios aspectos: lo primero, institucionaliza la meritocracia en el proceso para llegar a una lista de diez candidatos, luego de un trámite de selección con convocatoria pública, de la cual el Presidente de la República deberá escoger una terna que enviará a la Corte Suprema de Justicia para que ésta elija el Fiscal.

Además se define que el período será institucional y no personal, para que en lo posible no coincida con el del Presidente; dirimiendo el choque de criterios al interior del Consejo de Estado que se presentó con ocasión de la elección del Fiscal Montealegre, cuando la Sala de Consulta dijo que era institucional, para terminar lo que faltaba del período a la anterior que renunció y luego vino el criterio de la Sala Contenciosa respectiva, que dijo que era personal y por tanto volvía a iniciar. Todo esto con el propósito de garantizar la independencia de quien ostente tan importante cargo nacional.

Sin duda, los fines son loables; pero si se quiere reformar la elección del Fiscal, la reflexión debería ser otra muy diferente.  Se trata en primer lugar de repensar donde debería estar ubicada la Fiscalía General en la estructura actual del Estado.  La Constitución la ubicó en la Rama Judicial, porque en ese momento, 1991, el sistema penal que teníamos era distinto, era el inquisitorio, en el cual el Fiscal tomaba decisiones judiciales dentro de los procesos penales.  Luego mutamos al sistema acusatorio, cambiando sustancialmente las funciones que cumple la Fiscalía; ya no toma decisiones judiciales, le corresponde la investigación criminal, recoger las pruebas y presentarlas ante los jueces, para que estos tomen las decisiones del caso.  Hoy el Fiscal es responsable de que se cumplan adecuadamente las políticas públicas para la persecución de la delincuencia.   

¿Hasta dónde sería más conveniente, para el cabal cumplimiento de su función, que la Fiscalía sea una responsabilidad del Ejecutivo y no esté adscrita a la rama judicial?  ¿Hasta dónde se justifica la pretendida independencia del Fiscal, que no responde ante nadie, pues de su elector se despide el mismo día que es elegido y no atiende al control político del Congreso, so pretexto de la independencia judicial? ¿Acaso su labor hoy en día no es más administrativa que judicial?  Tenemos un súper funcionario que es una rueda suelta en el sistema y el proyecto logra entronizarlo aún más.

Hoy en día los fracasos en la persecución de la delincuencia desacreditan a la rama judicial, perjudicando la percepción del ciudadano en el sistema y no debería ser así.  El responsable del fiscal de turno es el Presidente que lo terna y éste, con el Fiscal elegido debería ser quien soporte las consecuencias exitosas o negativas del cumplimiento de las políticas tendientes a la persecución de la delincuencia. De pronto el mejor lugar para la Fiscalía lo sea la Rama Ejecutiva y que sin tanta vuelta inútil, lo designe el Presidente; que juntos respondan políticamente ante la sociedad por los éxitos o fracasos de la gestión desplegada contra la delincuencia y por supuesto, que coincidan en el periodo para que el control político pueda identificar a quien corresponden las fallas.  El proyecto se compadece más con el diseño original de la Constitución que con la realidad de la misión institucional de la Fiscalía que le corresponde en la hora de ahora.