Al fin este jueves  se resuelve el sobredimensionado asunto del Fiscal Ad-Hoc.   Demasiada adrenalina, mediatización, tensión, para designar quién se encargue de dos procesos: uno que está archivado y otro en curso; asunto que se presenta frecuentemente en toda la actividad judicial y que generalmente pasa desapercibido; pero en esta ocasión, por la trascendencia del  tema y de los involucrados, se volvió más importante que la misma designación del Fiscal General.

La terna quedó definida por tres juristas que cumplen a cabalidad con los requisitos constitucionales, que son precisamente los mismos que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.  Por supuesto, que el Presidente de la República puede  postular a su Secretaría Jurídica; todos los antecesores lo han hecho para diferentes cargos;  lo que sí no se puede  hacer, es mantenerse en  las dos ocupaciones, así se trate de una designación temporal para un par de casos concretos. Le corresponderá a la Secretaria Jurídica escoger con cual se queda.  Pareciera un acto de dilapidación si se escoge el de Fiscal Ad-hoc; que siempre ha sido Ad-honorem y que no supone una dedicación exclusiva, sino apenas la requerida.  En cuanto al nuevo componente de la terna, si bien se trata de un jurista consagrado, sorprendieron sus declaraciones  previas a su designación, donde califica como  un verdadero “entuerto”  la figura sugerida por la Corte para llenar la vacante tanto del Fiscal como de la Vice fiscal y que con ello se  creaba “un gran galimatías y era una especie de salto al abismo”.  Entra quedando el nuevo miembro de la terna, al aspirar a un cargo que desprecia.

Se ha criticado que los tres juristas designados sean cercanos al Gobierno.  No lo vemos así; todo lo contrario, las políticas de persecución de la delincuencia y su efectividad deben ser responsabilidad del Ejecutivo y no del aparato judicial, que no  hace otra cosa que recibir las pruebas y aplicar la ley.  Si el resultado es exitoso, hay que aplaudir al Gobierno, si fracasa, se debe deducir una responsabilidad política.

Bien valdría la pena reflexionar en la ubicación actual de la Fiscalía que, según la Constitución, hace parte de la rama judicial.  Ello era lógico en el anterior sistema inquisitorio, cuando el Fiscal tomaba decisiones judiciales, pero en el actual sistema acusatorio, hay que ajustar la institución;  el Fiscal y los Fiscales Ad-Hoc deberían ser designados de una vez por el Presidente de la República,  sin la aparente pantalla de independencia, a través de una terna que elabora el mismo Presidente y una designación que realiza la Corte.  A la larga quién elige es el Presidente; pero a la hora de responsabilidades, no las hay,  ni siquiera políticas para el Fiscal, que resulta no respondiendo ante nadie.    

El Gobierno tiene toda la voluntad de insistir en la reforma a la justicia y seguramente lo hará con éxito en la próxima legislatura.  Bien debería incluirse el tema de la Fiscalía como una de sus prioridades. Ya es hora de que aprendamos de lo que estamos viviendo con nuestras instituciones y apretar las tuercas flojas en ellas.