El presidente Petro viene insistiendo en que hay que reformar el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) para poder cumplir con las compras de tierras prevista en el punto número uno de los acuerdos de paz, a través de más endeudamiento que él afora en 60 billones de pesos.

Celebro que el ministro José Antonio Ocampo se haya demarcado de este punto de vista, anunciando que el gobierno cumplirá con la regla fiscal que es una obligación legal; y que no se necesita inobservarla para avanzar con la reforma agraria anunciada.

Las puntadas presidenciales, en plata blanca, hubieran significado que, para cumplir con los objetivos de reforma agraria, y en especial con la adquisición de tierras para entregar a campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente tres millones de hectáreas, había que reventar la regla fiscal que impone límites al endeudamiento público.

Las declaraciones presidenciales constituían una curiosa y peligrosa advertencia. Curiosa, porque tanto el presidente Petro mismo como su ministro de Hacienda habían dicho hasta la saciedad que cumplirían con la regla fiscal.

Pero son también anuncios peligrosos. Dentro de la gran inestabilidad económica que vive el mundo, el aviso de que íbamos a romper con la norma que asegura la estabilidad financiera puede resultar fatal en términos de credibilidad ante los mercados.

La regla fiscal se puede suspender, por supuesto, pero cuando hay razones válidas y admitidas por la ley para hacerlo. No es una camisa de fuerza, pero las razones para suspenderla están descritas en la norma que regula la regla fiscal: cuando sobrevenga, por ejemplo, una caída estrepitosa en las cotizaciones internacionales del petróleo que altere sensiblemente los estimativos de recaudos.  

Tampoco estamos enfrentados a horizontes recesivos que ameriten una moratoria de la regla fiscal. Por el contrario: la economía se ha recuperado de los estragos de la pandemia, y aunque el crecimiento del año entrante se avizora mucho más modesto que el de este año, no es esa razón suficiente para meter en el congelador la regla fiscal. Y mucho menos con una inflación que supera el 10%.

Los acuerdos de paz deben cumplirse, es cierto, y en eso está en lo correcto del presidente Petro. El gobierno anterior les dio un cumplimiento deplorable. Pero para cumplirlos -en especial el punto número uno que versa sobre la reforma rural integral- no es necesario echar por la borda la regla fiscal como daban a pensar sus declaraciones iniciales.

En efecto: se pueden distribuir tierras abundantes entre los campesinos provenientes de baldíos que, en rigor, no implican costos para la política fiscal. Una reciente sentencia de la corte constitucional lo autoriza. Se pueden habilitar para fines de reforma agraria los bienes incautados al narcotráfico que tengan vocación agraria. Y, claro, se pueden ir adquiriendo gradualmente tierras para distribuir entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente a lo largo del posconflicto, pagando su adquisición con bonos de deuda pública. Pero sin necesidad de reventar para ello la credibilidad de la política fiscal.

El argumento implícito en la justificación del presidente Petro de que todos los compromisos sociales y las múltiples promesas que ha hecho (que no son solo las relacionadas con la reforma agraria), se tendrán que cumplir con una escalada del endeudamiento público es una tesis peligrosa qué destruiría la confianza que aún nos mantienen los mercados. Y que puede conducir a un doloroso laberinto de insostenibilidad fiscal hacia el futuro.